El dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya, aseguró que cuenta con toda la documentación que ampara que los 100 millones de pesos hallados en las cuentas de su esposa, Guadalupe Rodríguez, corresponden al recurso que envía la Secretaría de Hacienda y que les llegan a través del Gobierno del estado, para administrar los 73 Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) y la preparatoria que tiene el PT en Nuevo León.
Explicó que desde 2010, el Gobierno federal ordenó al Gobierno estatal abrir cuentas bancarias para hacer llegar los recursos que se envían para la operación de los Centros; sin embargo la administración estatal se ha negado a hacerlo, de ahí que la directora de los mismos abriera una cuenta para recibir y administrar el recurso.
El sábado, durante la audiencia realizada en el Reclusorio Norte, donde fue vinculado a proceso el líder del PT en Aguascalientes, Héctor Quiroz García como probable coautor del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el juez Gerardo Moreno García consideró que podría haber responsabilidad de servidores públicos de Nuevo León, por lo que el Ministerio Público Federal deberá investigar por qué la administración de esa entidad, depositó recursos a una cuenta particular a nombre de María Guadalupe Rodríguez.
Quiroz García podrá seguir su proceso en libertad con medidas cautelares y pidió al juzgado tres días para el pago de la fianza de 600 mil pesos que se le había fijado.
LAS PRUEBAS
La audiencia de Héctor Quiroz duró más de 10 horas, y en ella su defensa presentó como testigos al auditor del PT, Eugenio Cantú Garza; a las profesoras de los Cendis Josefina Mendoza Saldaña y Marlene de la Vega Peña, así como al perito contable Roberto Porras Rendón, quienes rindieron su declaración respecto a los 100 millones de pesos destinados para apoyo de dichos centros.
Luego de escuchar los argumentos de la defensa y del Ministerio Público, el juez Moreno García manifestó que le asiste la razón al defensor de que los recursos no tienen una procedencia ilícita, pues fueron proporcionados por el gobierno de Nuevo León, luego de una transferencia que le hizo la Federación del Presupuesto de Egresos.
En ese sentido, el juzgador manifestó que la ilicitud viene en el tratamiento que le dio el gobierno de Nuevo León, al depositar esos 100 millones de pesos a la cuenta de un particular y no a la de los Cendis.
*edición impresa 24 Horas
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