La Auditoría Superior de la Federación entregó esta semana a la Cámara de Diputados una segunda parte de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, en la que detectó irregularidades por un monto acumulado de 51 mil millones de pesos, derivado de la realización de mil 166 auditorías.

 

De estos 51 mil millones de pesos, 39 mil 296 millones corresponden a observaciones realizadas a los 32 Gobiernos locales, ya sea en el ejercicio del gasto federalizado –en sus diversos programas– o en el uso de las participaciones federales.

 

Son diversas las observaciones, sanciones y aclaraciones solicitadas por la Auditoría. Sin embargo, muchos de los casos que ahí detalla muestran deficiencias que han sido denunciadas y que incluso se pudieron constatar tras los sismos de septiembre pasado.

 

Uno de estos casos le toca directamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), que, de acuerdo al dictamen de la Auditoría, no cumplieron con el objetivo del Programa de Apoyo a la Vivienda.

 

En 2016, ambas estaban obligadas a entregar 123 mil 500 acciones de vivienda, sin embargo, 70% de esas labores simplemente no se dieron y a la fecha no se han realizado. Acciones que se basaban en remodelar o ampliar viviendas en áreas rurales y zonas urbanas de alta marginación y rezago social.

 

De acuerdo a la Auditoría, el problema central fue que las instancias ejecutoras (delegaciones estatales de la Sedatu, Gobiernos estatales y municipales, organizaciones sociales y empresas contratistas) incumplieron obligaciones contractuales por casi dos mil millones de pesos.

 

Esto provocó que se emitieran cinco recomendaciones, cuatro promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y un dictamen en el que se concluye que, en términos generales, el Fonhapo y la Sedatu no cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.

 

Lo grave es que para resolver este problema, la Sedatu y el Fonhapo aumentaron los plazos para la construcción de vivienda, sin que existieran mejoras en su ejecución, ya que el plazo de cuatro meses para ejecutar los subsidios de Mejoramiento de Vivienda y seis para la Construcción de Unidades Básicas de Vivienda en 2014, se incrementó a cinco y siete meses en 2015, y a seis y ocho meses en 2016, respectivamente, ya que al 30 de junio de 2017 se reportaron 86 mil 891 acciones, por mil 792 millones de pesos, que hasta la fecha no han sido concluidas, lo que significó un incremento de 238% en relación con las viviendas que no fueron concluidas en el año anterior por 751 millones 975.7 pesos.

 

 

¿Y la PGR, apá?

Y en donde urge un cambio es en el área de Comunicación Social de la PGR. Esta semana dos notas pusieron en duda las estrategias de la dependencia; por un lado, la determinación de la SEIDO de intervenir sobre las pertenencias de mil 500 personas en cajas de seguridad de Quintana Roo y, por otro lado, un caso fallido de secuestro.

 

En ambos casos, la oficina de Comunicación Social decidió no atender las llamadas y hacer oídos sordos a las dudas de los medios, pero eso sí, seguían asesorando a una organización disidente al sindicato de Pemex. En semanas, la PGR lleva varios tropiezos jurídicos que no explican…