Los hechos violentos en penales se repiten en todo el país un día sí y otro también; puede ser en Nuevo León, el Estado de México, Tamaulipas, Michoacán o cualquier estado de la República, y representan el fracaso de las autoridades federales y estatales contra el crimen y la corrupción, aunque muy probablemente signifique que es precisamente desde los gobiernos donde son tolerados -en el mejor de los casos- y protegidos -en el peor- los criminales y los corruptos.

 

La crisis en el control y la seguridad penitenciaria son sólo uno más de los síntomas de la descomposición política y social que vive México desde hace décadas y la más evidente muestra del fracaso institucional en nuestro país.

 

Ésa es realidad de todos los días en los penales, y frente a ellos no es de extrañar que evidentemente las autoridades no puedan contener a los criminales que están en plena libertad, actuando contra la sociedad asaltando, asesinando, extorsionando, robando y traficando con drogas y mercancías. ¿De qué forma se puede calificar a los gobiernos que son incapaces de controlar a los delincuentes que tiene detenidos?

 

Y es que, además, las autoridades tampoco son capaces de actuar contra las personas que a cada disturbio o motín, so pretexto de que sus familiares criminales están en esos centros de reclusión, generan disturbios y ante la impunidad de la que gozan atacan las instalaciones penitenciarias y los vehículos de la Policía.

 

Ante dicha circunstancia, sólo pueden ser señalados los gobiernos que permiten y toleran esta situación de fallidos, negligentes y cómplices que, no hay que dejar de repetirlo, no son capaces de controlar ni a los narcos, secuestradores, extorsionadores, defraudadores, asaltantes, violadores y ladrones que mantiene presos y en custodia.

 

Lo inaceptable es común en los centros penitenciarios mexicanos: droga, armas de fuego, cuchillos, equipos de sonido, pantallas de televisión, teléfonos celulares, computadoras, memorias USB, alcohol y alimentos que no forman parte del menú penitenciario; bueno, hasta prostitutas ingresan a los centros de supuesta readaptación social.

 

Pero no sólo eso, dentro de estos penales se planean y cometen distintos delitos de alto impacto como secuestro y extorsión telefónica, y desde donde siguen operando las bandas dedicadas al robo de casas o a comercios, ante la ineficiencia cómplice de custodios y funcionarios penitenciarios.

 

Así las cosas; si el Gobierno federal y los gobernadores quieren mostrar que en realidad combaten el crimen, es obligatorio para ellos aplicar de inmediato y de manera implacable una política de mano dura y cero tolerancia a los criminales que están en los penales federales y estatales.

 

Lo contrario, mantener el actual estado de cosas puede ser considerado como una confesión: ya sea de ineficiencia, incapacidad y tolerancia criminales o simplemente de complicidad y protección a los delincuentes comunes y los cabecillas del crimen organizado que siguen dirigiendo sus bandas y cárteles tras las rejas.