Los buenos propósitos de los senadores se concentran en la intención de elegir antes de que concluya el año, a un nuevo Fiscal Contra Delitos Electorales, sobre todo por la inmediatez del proceso electoral de 2018.

 

Sin embargo, del deseo a la realidad puede haber mucho trecho, porque a pesar de que Ana Lilia Herrera, como presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta logre el acuerdo entre los coordinadores parlamentarios, se antoja muy lejano que renuncien a sus posiciones y acepten la propuesta.

 

Desde este momento podemos augurar que los coordinadores Fernando Herrera del PAN; Manuel Bartlett del PT; y Luis Sánchez del PRD usarán todo tipo de pretextos para tratar de hacer una convocatoria que ponga candados y que exija a los aspirantes tener un perfil sin tacha, pero sobre todo sin el más mínimo acercamiento con el PRI y con el Gobierno.

 

Y hay que esperar intervención abierta y sin tapujos de los dirigentes de la autodenominada sociedad civil que nadie sabe cuándo se les eligió como representantes de los ciudadanos de a pie, de aquellos que sólo trabajan, pero no tienen un foro para erigirse en la voz pensante de los mexicanos.

 

Seguramente los del IMCO, con Juan Pardinas a la cabeza desde 2011, los de Transparencia Mexicana con Eduardo Bohórquez como director desde 1999 y Mauricio Merino, investigador del CIDE no tardarán en aparecer en el Senado de la República para tratar de dar órdenes a los coordinadores Emilio Gamboa del PRI; Fernando Herrera del PAN; Luis Sánchez del PRD; Manuel Bartlett del PT y Carlos Puente del PVEM,  fijar las reglas y sobre todo poner una enorme lupa para escudriñar hasta los dientes a los aspirantes a la titularidad de la FEPADE.

 

Si todo va como se acordó antes del asueto por los festejos del Día de Muertos, este jueves el Pleno del Senado aprobará la convocatoria para la selección de los aspirantes a la FEPADE, fijará un calendario de comparecencias en donde la Comisión de Justicia entrevistará a los que se propongan.

 

Y de acuerdo al artículo 18 de la Ley Orgánica de la PGR para aspirar a ser Fiscal Electoral se debe ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la designación; contar con título profesional de licenciado en derecho con ejercicio profesional de cinco años; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso.

 

Acreditar conocimientos y/o experiencia en materia de derecho electoral y particularmente respecto de la prevención, investigación, persecución y sanción de delitos electorales; no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años anteriores a la designación.

 

Y así la Comisión de Justicia del Senado de la República, que preside la panista Pilar Ortega y en la que participan activamente los priistas Ivonne Álvarez, Yolanda de la Torre, Enrique Burgos, José María Tapia y Jesús Casillas, una vez que hayan integrado la lista de candidatos realizará comparecencias públicas de las y los candidatos.

 

Así que debemos esperar que no pasen los días en blanco y que se emita esta convocatoria, para que todo aquel mexicano que se interese en la Fiscalía presente sus documentos ante la Comisión de Justicia y los senadores empiecen a revisar los expedientes.

 

Hay que esperar a ver si se vuelven a inscribir veinte aspirantes, como sucedió en noviembre de 2014 y hasta donde estiran la liga para poner a sus incondicionales, con el argumento de que son los únicos que garantizan imparcialidad para la elección de 2018.