Organizaciones no gubernamentales señalaron que con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior se podría utilizar a la fuerza militar contra posibles manifestaciones en rechazo a los resultados de las elecciones de 2018.

 

Francisco Torres Landa, de la organización Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia, señaló que dicha ley, que se prevé se apruebe en el Senado, crea un mecanismo de militarización permanente en materia de seguridad pública.

 

“La ley entrega al Presidente poderes para intervenir con el Ejército en todo el país, bajo la conducción de operaciones a cargo de un comandante militar, sin controles adecuados”, manifestó Torres.

 

En tanto, Francisco Gallardo, de la Defensoría de Derechos Humanos General Gallardo, comentó que con esta acción se quieren legalizar las actuaciones del Ejército que han sido arbitrarias: “En más de tres años, el Gobierno no ha podido ni querido esclarecer los crímenes cometidos contra los 43 desaparecidos de Ayotzinapa,  entre otros”.

 

En tanto, el doctor Israel Alvarado, del Instituto Nacional de Ciencias Políticas  (Inacipe), calificó como necesario contar con dicha ley, ya que desde la Constitución de Cádiz (primera Constitución española, promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812) se regulaba la figura de la seguridad interior.

 

“La Constitución de 1814, 1857, todas han regulado esta figura, todos los casos se han referido que les compete a las Fuerzas Armadas intervenir en  materia de seguridad interior; así entonces, esta nueva ley, que es eminente que se apruebe en la Cámara de Senadores es una ley que fortalece la certeza jurídica de las Fuerzas Armadas”, manifestó el académico en una entrevista con 24 HORAS

 

Abundó que se debe diferenciar entre seguridad pública y seguridad interior: “aquellos casos que se determinen de seguridad interior se tendrá que hacer una declaratoria por parte del Ejecutivo, entonces ellos (los militares) se avocarán a las tareas que han venido realizando sin el marco jurídico adecuado”.

 

 

CNDH pide análisis

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó  a los senadores a que con responsabilidad y plena conciencia sobre las repercusiones que tendrán sus actos, hagan un examen objetivo y detallado de la propuesta de Ley de Seguridad Interior, al amparo de lo previsto por el artículo 1º constitucional. El organismo indicó que ningún acto de autoridad puede contravenir o poner en entredicho las instituciones, libertades y garantías que sustentan el sistema democrático.

 

 

¿Qué dice la ley?

El Presidente de la República podrá ordenar  la intervención de la Federación para la realización e implementación de Acciones de Seguridad Interior, es decir, operaciones del Ejército y la Marina en zonas de conflicto.

 

La ley distingue dos tipos de seguridad, la pública y la interior.

 

Existe un procedimiento para declarar la necesidad de intervención por parte de la Federación que puede ser con elementos de seguridad pública o de las Fuerzas Armadas.

 

La ley establece como máximo un año en el que podrá intervenir la Federación en zonas de conflicto, pero si subsisten los problemas se puede dar una prorroga.

 

 

 

*edición impresa 24 Horas

 

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