Marco Antonio Hernández Murrieta, presidente de la Fundación Murrieta, consideró asombroso que dos entidades como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Federal Electoral, cuya función es garantizar neutralidad, transparencia y equidad, avalen el favoritismo en la entrega de apoyos a organismos que harán observación de los comicios.

 

Fundación Murrieta, junto con la Fundación Nuevo Milenio y las organizaciones Tendiendo puentes, Cultura liberal y México Unido Pro Derechos Humanos hicieron llegar un escrito a las instituciones involucradas en el que se quejan porque Alianza Cívica, Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social AC INCIDE, Propuesta Cívica AC, Puebla Vigila AC, Fuerza Ciudadana fueron elegidas para recibir recursos por un comité formado por integrantes o fundadores de las propias  organizaciones

 

En el comité figuran Emilio Álvarez Icaza y Patricia Colchero, fundadores de Alianza Cívica; Rosa María Rubalcava, fundadora de Incide Social; Rodrigo Morales, colaborador del presidente de Fuerza Ciudadana; las organizaciones sobre las que pesa la acusación de favoritismo recibieron, en conjunto, 5 millones 611 mil pesos.

 

Otras organizaciones que han apoyado a Álvarez Icaza en sus iniciativas son Mujeres Chiapanecas en Movimiento, Asesoría y Servicios Rurales A.C., Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos AC, Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la cultura del diálogo AC Centro de Educación Cívica para la Participación Ciudadana AC, DECA, Equipo Pueblo, A.C., Desarrollo Género y Ciudadanía AC, Pro-Vecino, A.C, que recibieron fue 8 millones 554 mil pesos.

 

El IFE y TEPJF, junto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se encargaron de dictaminar qué organizaciones recibirán una bolsa superior a 73 millones de pesos pese a que originalmente el gobierno mexicano había asignado 36 millones ochocientos mil pesos para esa actividad.

 

Murrieta, cuya organización dedicada a “mejorar el nivel de vida de los mexicanos” según se lee en su sitio de internet, lamentó el papel jugado por estas instituciones, así como el de PNUD, ya que su participación tenía el fin de garantizar imparcialidad, “pero resultó todo lo contrario”.

 

Las organizaciones inconformes hicieron llegar un escrito a las instituciones involucradas aunque el IFE negó que ésta fuera una denuncia formal. “Nosotros le mandamos copia a todos los órganos internos de control de cada una de las dependencias involucradas. En cada documento lo que decimos tiene una referencia precisa”, subrayó Hernández Murrieta.

 

Señaló que trabajadoras del PNUD les entregaron documentos internos en los que se detallan las cantidades asignadas para cada una de las organizaciones: “también tenemos información que no tenemos forma de probar porque alguien te la dice, en ese sentido nosotros no la mencionamos, en las cartas están los soportes con pruebas”.

 

El contralor del IFE dijo a 24 HORAS que no existe una denuncia y sostuvo que el comité técnico no decide ni tiene la última palabra en la designación de presupuesto para la realización de proyectos sino que eso es facultad de los consejeros electorales y magistrados del TEPJF.

 

Gregorio Guerrero Pozas dijo que estos funcionarios piden opinión al grupo de expertos, afirmación que rechaza el dirigente de la Asociación Murrieta: “el comité técnico sí decide a quién se le otorgan los recursos, así de claro”.