Una vez que el Seguro Popular llego a los 52 millones de mexicanos que no tenían acceso a servicios de salud gratuitos, la dependencia debe verificar que los servicios sean de buena calidad y equitativos para así determinar cuánto presupuesto darán a cada estado. Según un informe de satisfacción del usuario, 96% de las quejas son por mala atención médica.
“En este momento los recursos que se transfieren están atados a la cobertura y afiliación cuando en realidad, si ya se alcanzó la cobertura como dicen, los recursos deberían estar atados a servicios efectivos, oportunos y de calidad. Los indicadores para la repartición de recursos tienen que cambiar, debe seguir siendo per cápita pero debe cambiarse a otros estándares”, señaló Laura Flamand, investigadora de políticas públicas del Colegio de México.
En abril pasado, el gobierno federal declaró la cobertura universal a nivel nacional, lo cual significa que 52 millones de mexicanos reciben servicios médicos. Para cada uno de ellos, los gobiernos federal y estatal destinan dos mil 400 pesos.
No obstante, investigadores y académicos han criticado a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (de quien depende el Seguro Popular) de no contar con mecanismos suficientes para medir la calidad y eficacia del servicio.
Según el estudio de satisfacción de usuarios del Sistema de Protección Social en Salud 2011, 96% de las quejas son por mala atención médica, sólo 25% de los pacientes recibe sus medicamentos completos, y 20% ha pagado por análisis clínicos o atención en el consultorio.
Además, los usuarios tardan 119 minutos para entrar a su consulta programada, y 10% de ellos manifestó no haber recibido atención porque el servicio no estaba disponible en ese momento.
Esto, dijo la investigadora, deberían ser los nuevos parámetros para decidir el monto de los recursos asignados a cada entidad, que deberán establecerse a través de una reforma urgente al reglamento del Seguro Popular.
Para ello se requiere que los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS) trabajen de manera descentralizada de las secretarías de salud estatales, a fin de que evalúen el servicio otorgado y no sólo se dediquen al tema de la afiliación.
“Ahorita no pueden revisarle la plana al jefe y se limitan a contar a la gente que se inscribe, cuando su labor es hacer acompañamiento con los afiliados para verificar el servicio y la calidad”, apuntó Flamand.
Además se debe involucrar a la ciudadanía para que exija el servicio que merece en todos los niveles, desde la enfermera, la trabajadora social, el guardia, el médico y el laboratorista.
“Tenemos limitada la vigilancia de este sector, pero una mayor participación social obligaría a todos a atender las quejas”, dijo la investigadora.
A su vez, la calidad del servicio ya no será desigual en los estados. Flamand apuntó que cualquier indicador que se revise tiene diferencias muy marcadas en las 32 entidades.
Uno de los más significativos es la tasa de mortalidad infantil: mientras en Nuevo León es de 10 por cada 10 mil nacimientos, en Guerrero es de 20 por cada 10 mil niños que sobreviven al primer año de vida.
Mayor vigilancia
Una reforma al sistema también obligaría a las secretarías estatales a responsabilizarse de la forma como administran su presupuesto para canalizarlo hacia los pacientes y así mantener los recursos que les da el gobierno federal cada año.
Hasta el momento, el Segur Popular no ha podido corregir los problemas que tienen los estados en el manejo de los recursos. La Auditoría Superior de la Federación ha señalado diversas fallas en los últimos tres años: el dinero no está en una única cuenta, se gasta en congresos internacionales y no se destina el porcentaje indicado en rubros específicos, como prevención o medicamentos.
Uno de estos señalamientos fue sobre el caso de Michoacán, ya que el gobierno de Leonel Godoy no utilizó la mitad de los mil 585 millones de pesos que se le otorgaron a la entidad en 2010.
Aun con estas observaciones, la Secretaría de Salud y el gobierno federal siguen entregando recursos con base únicamente en el número de afiliaciones que ha hecho cada entidad y no en otros parámetros, igual o más relevantes.
2 mil 400 pesos se destinan para la atención de cada uno de los 52 millones de afiliados en el país
96% de las quejas son por mala atención médica
Sólo 25% de los pacientes recibe sus medicamentos completos
20% ha pagado por análisis clínicos o atención en el consultorio
FUENTE : Estudio de satisfacción de usuarios del Sistema de Protección Social en Salud 2011