El Parlamento venezolano avanzó en la búsqueda de responsables por la muerte del ex policía Oscar Pérez y seis integrantes de su grupo sublevado tras informar de que solicitó a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue la que califican como la “masacre de El Junquito“.
Así lo informó ayer Delsa Solórzano, presidenta de la comisión especial que conformó la Cámara el pasado 17 de enero, dos días después de que López y sus compañeros alzados fueran abatidos por las fuerzas de seguridad en un operativo calificado por la diputada como “ejecución extrajudicial” y criticado por diversas ONGs.
“Hoy (ayer) mismo está siendo remitido la solicitud vía electrónica a la Corte Penal Internacional para que abran la investigación de oficio por el caso de la masacre de Oscar Pérez”, declaró Solórzano a los medios sobre una de las conclusiones del informe final que ha estudiado el caso durante mes y medio.
El pasado 15 de enero Pérez y sus compañeros Abraham Agostini, Daniel Soto, José Díaz, Abraham Lugo, Jairo Lugo, Oscar Pérez y Lisbeth Ramírez fueron abatidos en el enfrentamiento que, según el Gobierno, mantuvieron con las fuerzas de seguridad y en el que utilizaron armamento de guerra como se ve en varios videos difundidos en redes sociales.
Sobre estas acciones, Solórzano indicó ayer que enviarán a la CPI “pruebas” de cómo todos ellos “resultaron asesinados (…) con tiro de gracia en la cabeza”, según consta en las actas de defunción que días después recibieron los familiares a las puertas de la morgue de Caracas a donde fueron trasladados los cuerpos.
Agregó que la comisión especial estableció una “cadena de mando responsable de los hechos” desde el presidente Nicolás Maduro y que implica al Ministerio de Defensa, de Interior, la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional, el Servicio de Inteligencia y a los “funcionarios actuantes” en la operación.
La también presidenta de la comisión de Interior recordó que por los hechos relacionados con el 15 de enero hay 30 detenidos, entre los cuales hay dos mujeres que no tienen ninguna relación con los fallecidos.
Óscar Pérez, de 36 años y miembro de la policía científica, se dio a conocer durante las manifestaciones antigubernamentales de mediados de 2017 cuando con un helicóptero de este cuerpo de seguridad sobrevoló el Tribunal Supremo de Justicia contra el que disparó y lanzó granadas.
En tanto, en Ginebra, Suiza, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, criticó a régimen de Venezuela, donde, dijo, pueden haberse cometido “crímenes contra la humanidad” durante las protestas del año pasado.
En la presentación de su informe anual, Zeid pidió una vez más al Consejo de Derechos Humanos que estudie crear una comisión de investigación para Venezuela.
Además criticó los comicios del 20 de mayo, en los que Maduro busca reelegirse, al señalar que en el contexto actual “no se cumplen las condiciones mínimas para la celebración de unas elecciones libres y creíbles”.
El responsable de derechos humanos de la ONU se refirió a que la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) continúe teniendo poderes “ilimitados”, dos de los principales partidos de la oposición hayan sido descalificados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la “coalición opositora oficial” haya sido invalidada por la Corte Suprema.
También dijo que las libertades de expresión, opinión, asociación y reunión pacífica son “reprimidas y gravemente restringidas” en Venezuela.
aarl