La Ciudad de México padece una crisis de legitimidad en su visión de desarrollo urbano que, de no corregirse con un nuevo pacto social, corre el riesgo de ampliar la brecha de desigualdad en la sociedad, afirmó Antonio Azuela, catedrático del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
El también ex procurador federal de Protección al Ambiente, hace 24 años, explicó que si bien hace tres décadas las grandes transformaciones en la capital se dieron bajo un régimen autoritario, esté gozaba de legitimidad.
“El Estado lograba convocar a las diferentes fuerzas para producir una idea de ciudad. Era una urbe con niveles bajos de impugnación. Cuando se hicieron los ejes viales comenzó el malestar: hubo amparos, pero el Estado lograba impulsar su idea de ciudad, en la que uno podía creer o no”, dijo el experto en temas urbanos y ambientales.
En su participación en la sesión de Diálogos por la ciudad, convocada por la Fundación Construye Bienestar, subrayó que actualmente el malestar por la forma como se plantea el desarrollo urbano es auténtico, oportunista, en algunos casos y con “proyectos donde cobra más el abogado que el arquitecto”.
La molestia, abundó, permea varios sectores y no un estrato social en particular.
Por ello, manifestó que la única forma de superar esta crisis de legitimidad es mediante un nuevo pacto social que defina cómo se pretende llevar a cabo el desarrollo urbano de la capital.
Expresó que para ello debería de tomarse como base la nueva Constitución local; sin embargo, ésta se discutía y tomaba forma al mismo tiempo que se armaba el programa de desarrollo urbano capitalino.