El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida, afirmó que es una obligación legal de la autoridad salvaguardar la seguridad de las instituciones educativas, sin violentar su autonomía y cuidando siempre los derechos de la comunidad estudiantil.

 

Entrevistado luego de la firma del Convenio Marco de Concertación de Acciones para la Seguridad y la Prevención del Delito entre la Segob y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), refirió que siempre que hay un delito concreto, se investiga y, si es necesario, se persigue y se sanciona con el debido cuidado.

 

En el caso de narcomenudeo de la UNAM, indicó que es una obligación legal que las intervenciones policiacas o el uso de la fuerza se lleven a cabo en las mejores condiciones de salvaguarda de los derechos humanos de las personas que estén alrededor o en los espacios donde esto suceda.

 

“Cuando hubo necesidad de que esto ocurriera así se hizo, estamos hablando de asuntos muy específicos, que implicarían persecución de delincuentes que puede ser fuera del campus y si fuese necesario dentro de algún campus, sin violentar autonomías, pero cuidando y salvaguardando los derechos de una comunidad. Eso es una obligación legal”, añadió el funcionario.

 

Sobre las declaraciones del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el sentido de que México tiene candidatos buenos y otros “no tan buenos”, Navarrete Prida señaló que el gobierno de México toma nota de ellos, pues se trata de comentarios de un mandatario.

 

Enfatizó que los procesos electorales en México los definen los mexicanos con su voto informado y con el contraste de proyectos, mientras que la autoridad tiene la obligación de garantizar que esos proyectos puedan contrastarse, a fin de que la ciudadanía pueda emitir un voto informado.

 

En torno a la mesa de diálogo con los partidos para abordar en tema de seguridad de los candidatos en el marco del proceso electoral en marcha, el responsable de la política interna del país dijo que no puede haber un solo argumento válido para no acudir a la misma.

 

Navarrete Prida reiteró por ello su llamado a los partidos políticos a un diálogo respetuoso y en ese sentido que se aborde entre otros temas, la forma en la que el gobierno federal puede ayudar a que el proceso electoral transcurra de la mejor manera posible.

 

Dejó claro que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el gobierno federal, por convicción y por obligación legal no está interviniendo en el proceso electoral y en el proceso de las campañas. “Eso le corresponde a los partidos, y su calificación y validación”, expuso.

 

Al abordar el tema del Operativo Escudo-Titán indicó que desde su puesta en marcha el 29 de enero, ha disminuido en 22 por ciento el número de homicidios en aquellos puntos donde intervienen autoridades de los tres niveles de gobierno de forma coordinada.

 

Indicó que el Operativo se realiza también en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, “desde luego en pleno respeto a las soberanías estatales y a las autonomías municipales”.

ot