En su próxima sesión, a más tardar el viernes, se prevé que el Instituto Nacional Electoral (INE) apruebe el dictamen de fiscalización de precampañas, con el que los tres candidatos presidenciales sortearán el último obstáculo previo al otorgamiento de su registro.
Aunque el organismo propondrá que los tres presidenciales de partidos sortearon la fiscalización, y por tanto, cumplen con los requisitos para obtener el registro como candidatos a la Presidencia de la República, les impondrán multas debido a diversas irregularidades que todavía no han sido especificadas; las sanciones, en conjunto, se prevén por 5.6 millones de pesos.
Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y MC), será el más sancionado, con 3.4 millones de pesos; José Antonio Meade, de Todos por México (PRI, PVEM y NA), 1.6 millones de pesos, y Ricardo Anaya, de Por México al Frente (PAN, PRD y MC), 364 mil pesos.
En general, incluyendo a otros aspirantes locales y federales a diversos cargos, el INE impondrá sanciones por 36.5 millones de pesos por diversas irregularidades en las precampañas locales y federales.
GOBERNADORES PACTAN NO INTERVENIR
A 10 días de iniciar las campañas, mandatarios estatales del país, agrupados en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), se comprometieron a generar paz social y a no intervenir en los próximos comicios.
Esto luego de que, durante la firma de la Declaración por la Democracia y la Legalidad para el Proceso Electoral 2018, los organismos integrantes del Sistema Federal Electoral pidieron frenar “ola de violencia política” y exigieron a los gobiernos, candidatos y partidos a respetar las reglas democráticas.
Además de los mandatarios estatales, el convenio fue suscrito por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y el Instituto Nacional Electoral (INE).
En su intervención, Janine Otálora Malassis, magistrada presidenta del TEPJF, alertó por la ola de violencia política e informó que existían, hasta ayer, 31 personas vinculadas al actual proceso electoral que fueron asesinadas. Afirmó que si no se garantizan elecciones pacíficas, “nuestra democracia habrá dejado mucho que desear”.
“Quiero hacer un llamado a la gobernadora y los gobernadores aquí presentes para que, en el marco de sus competencias y responsabilidades, garanticen la seguridad, tranquilidad y paz social tan necesarias para el adecuado desarrollo de estos procesos electorales”, afirmó.
Por su parte, Héctor Díaz Santana, titular de la Fepade, pidió a los gobernadores evitar que la violencia empañe los comicios y señaló que vigilarán el desarrollo de éstos para evitar la intervención financiera de los estados.
Consideró que desviar recursos a favor de candidatos o condicionar los programas sociales, además de ser delitos electorales, son acciones que violentan los derechos políticos de las personas y contaminan y empobrecen el ejercicio de la política, de las instituciones de la República “y de la democracia misma”.
En su oportunidad, Arturo Núñez, gobernador de Tabasco y presidente de la Conago, aseguró que “todos los que gobernamos estamos obligados a garantizar el uso responsable e imparcial de los recursos públicos que administramos, sobre todo en lo relativo al manejo de los programas sociales, así como no caer en la tentación de convertirnos en actores de las contiendas electorales”-.
Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, confió en “el respeto de los gobiernos municipales, estatales y federal a la autonomía de las autoridades electorales, así como el compromiso para garantizar condiciones de seguridad y libre tránsito durante la organización de los comicios el día de la jornada electoral y la noche de dicha jornada”.
Carreras López se pronuncia
En uso de la palabra, el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, destacó la confianza en sacar adelante el proceso electoral con la confianza de la sociedad en las instituciones electorales. Aseguró que la firma del acuerdo deja claro que la democracia se debe a los ciudadanos y que los tres niveles de Gobierno deben llevar a cabo sus actividades garantizando el apego a la legalidad y el respeto a la voluntad de los mexicanos.
JNO