La Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió dos solicitudes de amparo interpuestas por ciudadanos coahuilenses contra el gobierno del estado y el Congreso por la decisión de contratar más una deuda pública superior a 30 mil millones de pesos durante la gestión de Humberto Moreira.

 

Reyes Flores Hurtado, abogado encargado del caso, explicó que los amparos salieron de Coahuila la semana pasada y el tribunal estatal ya notificó que el expediente ha sido recibido por la SCJN y que aún falta por cumplir el proceso de recepción, radicación, designación de número de expediente y de ponencia.

 

Los ciudadanos solicitaron la protección de la justicia para conocer el origen y destino de la deuda.

 

Hace unos meses, por su relevancia, la SCJN anunció que ejercería su facultad de atracción para conocer los amparos interpuestos. Después de que los jueces de distrito locales negaron la protección de la justicia, los amparos fueron canalizados a la Corte para una revisión de segunda instancia.

 

Además de estos dos amparos que tienen como objetivo conocer el origen y la contratación de la deuda, existen en trámite otros dos interpuestos también por ciudadanos coahuilenses que tienen como objetivo dar a conocer el destino final de la deuda.

 

El objetivo de tramitar dos amparos a través de la SCJN y otros dos todavía en proceso en el estado, es ganar tiempo y permitir que el tema salga a la luz durante las campañas electorales, explica Reyes: “Lo que están tratando de hacer es brincar la elección sin que nadie sepa nada y no se resuelva nada del tema de la deuda”, asegura.

 

Hurtado explica que en los otros dos amparos no atraídos por la Corte han sufrido todo tipo de obstáculos por parte del gobierno del estado para entregar documentación que explique el destino del dinero.

 

“De estos amparos se está defendiendo el gobierno del estado, los dos que están en la SCJN los enfilamos sin esas pruebas para ir ganando tiempo, porque el gobierno del estado tiene una actitud dilatoria, nos está retrasando todos los procesos. Ahora su defensa va encaminada a que todos los juicios no se resuelvan, porque gran parte del debate de la controversia de la deuda de Coahuila, más que con pruebas, tiene que ver con un punto de estricto derecho.

 

“Ellos ya aceptaron que se contrataron créditos con documentación falsa, que no debieron de haberse aprobado los créditos, porque tenían origen ilícito, tratan de hacer lícito lo que de origen fue ilícito”, asegura Flores Hurtado.
Actualmente, cuatro de los legisladores que aprobaron la contratación de la deuda buscan un lugar en la próxima legislatura: Enrique Martínez y Fernando de las Fuentes, hijos de los ex gobernadores Enrique Martínez y Martínez, y José de las Fuentes Rodríguez, respectivamente, y Salomón Juan Marcos, competirán por una diputación federal, mientras que Hilda Flores ocupa la posición número 10 en la lista plurinominal del PRI al Senado.