Foto: CUARTOSCURO Labor. La principal tarea de los policías militares se enfoca en combatir el robo de hidrocarburos en los ductos de Pemex que pasan por la entidad.  

El Gobierno de Puebla prevé sumar alrededor de 500 policías militares para resguardar la entidad ante los recientes hechos de violencia y las elecciones del próximo 1 de julio; estos elementos se unirán a los mil 500 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que ya se encuentran en la entidad desde el 4 de mayo de 2017, dedicados a combatir el robo de hidrocarburos.

Cabe recordar que, apenas el 12 de abril, fue asesinado el alcalde del municipio de Tlalnepantla, Puebla, José Efraín García, mientras circulaba por el camino de San Pablo Actipan-Tepeaca.

Fuentes consultadas por 24 HORAS indicaron que hay una estimación de entre 500 a 800 elementos necesarios para brindar respaldo a diferentes organismos, como el Instituto Electoral del Estado (IEE).

El viernes pasado, el gobernador panista Antonio Gali dijo que solicitó a la Sedena 500 soldados más (para que en total sean dos mil efectivos)  y que se buscaría mejorar las condiciones laborales de los cuerpos policiacos de los ayuntamientos.

En tanto, el Grupo de Coordinación Puebla Segura informó que de enero de 2017 al 15 de abril de 2018 se han efectuado dos mil 38 operativos con un decomiso de seis millones 286 mil 142 litros de combustible robado (conocido como huachicol), tres mil 187 vehículos asegurados, 797 personas remitidas a las autoridades y mil 564 tomas clandestinas selladas.

Cabe señalar que, tan solo del 9 al 15 de abril, se realizaron 19 operativos que arrojaron un decomiso de 59 mil 331 litros del carburante ilegal, además se aseguraron 30 vehículos, ocho presuntos delincuentes fueron puestos a disposición de las autoridades y se sellaron 68 tomas clandestinas.

Baja recuperación

Por su parte, en una entrevista con 24 HORAS, Rubén Salazar, director de la consultoría de riesgos en seguridad Etellekt, consideró que esta cantidad (seis millones de litros) es mínima porque, dijo, es la que se roban los criminales en un día, “es muy poco lo manejan en litros para que suene espectacular”.

Indicó que se requiere atacar la corrupción dentro y fuera de Pemex, por lo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría General de la República (PGR) deben realizar un trabajo muy fuerte para saber quién está comprando y vendiendo combustible robado y, a partir de eso, deshacer esa red.

“La estrategia de seguridad sirve siempre y cuando lo lleves de la mano con el combate a la corrupción, de lo contrario es muy complicado; puedes mandar al Ejército, pero si no se deshace esta red y lavando dinero de esa actividad, estamos hablando de millones de pesos al día, es algo que es increíble que no lo puedan detectar con los instrumentos que tienen ahora de inteligencia financiera”, expuso.

En tanto, la Organización Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) manifestó que los elementos de seguridad son un factor que ayuda: “México comparado con países europeos, tenemos la mitad de las policías que ellos tienen, entonces son números insuficientes, sí ayuda porque obviamente hay una disuasión de la comisión de delitos. El tema de Puebla es el robo de hidrocarburo que es un disparador de delitos y hay que atender con mucha urgencia”, detalló Francisco Rivas, presidente del ONC, a 24 HORAS.

Senado
Aprueban penas duras contra huachicoleros  

El Senado de la República avaló un paquete de reformas que fortalece la actuación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en la  supervisión de la cadena de producción y comercialización de los hidrocarburos, para evitar que los gasolineros o distribuidores adquieran gasolina robada para ponerla a la venta.

Con 69 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones quedó aprobada la reforma que fortalece las facultades de las autoridades fiscales en el combate al huachicoleo, es decir la ordeña de ductos de Pemex, así como la distribución y venta del combustible robado, incluso en gasolineras establecidas.

Se impondrá sanción de 3 a 8 años de prisión a los dueños y administradores de gasolineras que no mantenga los controles volumétricos. La reforma fue enviada al Ejecutivo para su publicación.

 

 

JNO