LIMA.- El Tribunal Constitucional (TC) de Perú revocó ayer la prisión preventiva que cumplían el ex presidente Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa, Nadine Heredia, mientras son investigados por presunto lavado de activos.

“El Tribunal Constitucional ha acordado por decisión mayoritaria aceptar el ‘habeas corpus’ presentada por la defensa”, informó el presidente del TC, Ernesto Blume.

El magistrado agregó, en una rueda de prensa, que la decisión del máximo tribunal constitucional peruano ha ordenado que la situación judicial de Humala y Heredia vuelva “al régimen que estaba” antes de la orden de detención preliminar.

“Es decir, la comparecencia con las restricciones respectivas que corresponden”, remarcó.

Blume también confirmó que la decisión se tomó por cuatro votos a favor y tres en contra, tras lo cual remarcó que la sentencia no establece “precedentes vinculantes”, pero sí estándares para la aplicación de la prisión preventiva en el país.

El ex Presidente y su esposa estaban detenidos desde julio del año pasado en el penal de Barbadillo en Ate y en la cárcel de mujeres de Chorrillos, respectivamente, por los presuntos aportes irregulares de la empresa brasileña Odebrecht a su campaña electoral en 2011 y del Gobierno venezolano en los comicios de 2006.

Humala y Heredia son investigados por el fiscal Germán Juárez por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, al supuestamente no declarar donaciones para las campañas a las elecciones de 2006 y 2011.

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, aseguró que respeta la decisión del Tribunal de liberar a Humala y a su esposa.
Según expertos, la decisión del Alto Tribunal sienta un precedente para que ningún otro presidente o alto dirigente político peruano entre en prisión antes de tener una condena en firme en su contra, algo a lo que muchos parecía abocados.

En julio de 2017, el juez Richard Concepción Carhuancho justificó la aplicación de la prisión preventiva contra la pareja por “la muy alta probabilidad” de que hubieran cometido los delitos de lavado de activos y asociación ilícita, acusación fundamentada en las declaraciones de los brasileños Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, así como por el riesgo de que intentaran huir del país.

Desde ese momento hasta la fecha, confesiones de estos empresarios expandieron la nómina y la intensidad de la supuestas prácticas corruptas a los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), y Alan García (1985-1990 y 2006-2011), a la vicepresidenta Mercedes Aráoz y a la líder de la oposición, Keiko Fujimori.

Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien renunció a la presidencia el pasado mes de marzo acosado por sus presuntas relaciones irregulares con Odebrecht, también está acusado de recibir aportes irregulares, entre varios otros.

En consecuencia, si el TC hubiera mantenido a Humala y a su esposa en prisión, sosteniendo tanto los criterios tan duros de riesgo procesal que llevaron a la cárcel a la pareja, como la credibilidad de la acusación de b, el precedente hubiera obligado a que todos ellos fueran la cárcel.

“Hace un año solo había una situación que parecía acreditada de donaciones ilegales a partidos. Pero desde hace varios meses atrás, ya son todos: Fujimori, Kuczynski, García. Y así se ve un hecho diferencial, porque esa sería la misma práctica delictiva que llevó a los Humala a prisión”, apuntó Carlos Rivera, director del Instituto de Defensa Legal (IDL).

 

 

JNO