El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, firmó el Decreto para la publicación de la Ley que extingue la atribución de ejecutar penas y medidas de seguridad contra quienes participaron en manifestaciones entre el 1 de diciembre de 2012 y el 1 de diciembre de 2015, en los términos del Artículo 104 del Código Penal local.
En el marco del “Foro sobre el derecho a manifestarse y a la protesta social en la Ciudad de México”, realizado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, explicó que dicha Ley extingue delitos imputados a 510 personas que participaron en 25 manifestaciones en el periodo mencionado.
En las instalaciones del organismo, el mandatario capitalino expresó: “el que yo venga el día de hoy, que venga aquí a promulgar la Ley, significa que vengo a respaldar, que vengo a dar la cara y que vengo a establecer un vínculo de trabajo y acompañamiento con todas y todos los que están aquí presentes”.
En la Sala Digna Ochoa de la Comisión, afirmó que el decreto no solamente extingue la pretensión punitiva, sino que reconoce como autoridad las fallas que se tuvieron y por ello frente a familiares y víctimas ofreció una disculpa pública.
“No hay un espacio más público que esté delante de ustedes, de los medios de comunicación, de todas las autoridades para decirles en representación y como titular del gobierno de la ciudad: ofrecemos una muy sentida, sincera disculpa pública hacia todas y hacia todos ustedes”, expresó.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, Nashieli Ramírez, informó que la Ciudad de México es el principal punto de manifestaciones del país, con nueve al día, lo que implica el acompañamiento de las autoridades capitalinas para garantizar la protección de derechos no solo de manifestantes, sino de las personas que habitan y transitan en la entidad.
Detalló que la Comisión ha dado seguimiento a la implementación de mecanismos que regulan la actuación policial y judicial, así como la aprobación de dispositivos de concertación.
Entre ellos destacan el Protocolo de actuación policial para la protección de personas; el Protocolo de actuación policial para la realización de detenciones en el marco del Sistema Penal Acusatorio, y el Protocolo de actuación policial para la prevención de lugar de los hechos o del hallazgo y cadena de custodia.
Asimismo, el Protocolo de actuación del personal de la Secretaría de Gobierno ante manifestaciones o reuniones que se desarrollen en la Ciudad de México.
Amieva puntualizó que “esta ley beneficia de manera inmediata a aquellas personas que fueron acusadas, procesadas y sentenciadas por ataques a la paz pública, para que puedan retomar su vida”.
NCG