El presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, afirmó que la revisión de los ingresos y gastos de campaña que deberán concluir los alrededor de 17 mil candidatos registrados el próximo 27 de junio, avanza sin contratiempos.
Entrevistado después de la firma de un convenio entre el INE y la Auditoria Superior de la Federación (ASF), resaltó que el dictamen correspondiente estará listo a más tardar a mediados del próximo mes de agosto, mismo lapso en el que se cerrarán las investigaciones que hay abiertas, por quejas o procedimientos oficiosos.
Aclaró que de las campañas en curso no se dará información hasta que no concluya todo el proceso de fiscalización, pues existe obligación a la secrecía, y anotó que han detectado algunos casos que los consejeros deberán analizar uno por uno, por lo que no se puede generalizar sobre ellos.
Murayama subrayó que, aun así, la fiscalización terminará en tiempo para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) haga su trabajo, al destacar al respecto la colaboración muy ágil que han tenido del sistema financiero mediante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Informó que en estas campañas se tienen menos candidatos omisos en sus reportes que deben entregar cada 30 días, incluso que en la más reciente entrega no tuvieron ninguno, aunque sí han observado un retraso en la carga de la información.
Lo que deberán hacer antes de la jornada electoral, es decir hasta el 30 de junio, por lo que “tenemos ya listo el Sistema Integral de Fiscalización para recibir mucha información”, acotó.
Aclaró que la semana posterior a la jornada electoral del domingo se abrirá brevemente dicho sistema, para que carguen la información correspondiente a los gastos que hicieron el mismo 1 de julio, como son los de representantes de casilla por parte de los partidos políticos y los independientes.
Estos reportes serán auditados para contrastarlos con lo recabado en el trabajo de campo, en el cual se obtendrán decenas de testimonios, fotografías referenciadas y otros datos, y después del resultado los candidatos tendrán cinco días para resarcir las omisiones o inconsistencias que se les detecte.
“El 10 de julio les vamos a mandar los oficios de errores y omisiones diciendo cuáles son los problemas que encontramos en su contabilidad, y así es como les damos derechos de audiencia. Luego ellos tienen cinco días para contestar y tratar de solventar las observaciones que les hacemos como autoridad”, detalló.
Indicó que con la respuesta que den los candidatos se elaborará un dictamen y proyecto de resolución, y recordó que “estamos hablando de 17 mil candidatos sobre los que nos vamos a pronunciar, porque nos corresponde fiscalizar desde el municipio más pequeño hasta el (proceso de elección de) presidente de la República”.
aarl