Pepsico es una de las empresas más grandes de México, provee empleo a cerca de 55 mil personas de manera directa y genera casi 800 mil empleos indirectos. Su huella se extiende en todo el país con 49 plantas de producción y 433 centros de distribución. El proceso de logística es uno de los más complejos y eficientes que existen dado que ingresan alimentos perecederos que son procesados para ser distribuido a lo largo de 21,000 rutas de venta en la República Mexicana. Su flotilla de transporte junto con la de Bimbo son de las más grandes.
Los ataques contra esta empresa por parte del crimen organizado es un punto de inflexión en la guerra contra el narcotráfico y la batalla que libran las autoridades contra los delincuentes. El ataque a la empresa Pepsico es diferente a las agresiones que han recibido personas inocentes, otras empresas de menor tamaño así como los medios de comunicación que están acostumbrados cada día más a este tipo de presiones por parte de los delincuentes. Porque ahora la agresión fue contra la planta productiva de una empresa y lo que se pone en juego son los empleos.
Esta es la primera vez que se ataca una empresa transnacional con un mensaje claro y contundente: el Estado esta utilizando las redes de distribución de Pepsico para poder recoger y analizar información para conocer el modus operandi. Este mensaje fue hecho en al menos tres “narcomantas” que fueron colocadas en el estado de Michoacán y Guanajuato. Las implicaciones son graves ya que demuestra que un cartel, que según las autoridades federales no es relevante y ha perdido a sus jefes de plaza por lo menos en cuatro ocasiones, tiene control territorial y capacidad de recolectar inteligencia, analizarla y tomar acciones tácticas como es el desarticular una “supuesta” fuente de recopilación de información del Estado.
Es raro que el crimen organizado trate de extorsionar a las compañías transnacionales, ya que el protocolo para que estas puedan hacer un desembolso es muy complicado y tienen una alta probabilidad de ser negado debido a las legislaciones en sus países. Un ejemplo es en Ciudad Juárez donde la incidencia de extorsión es casi nula hacia las maquiladoras de empresas transnacionales. Es más probable que los criminales utilicen la plataforma logística para el trasiego de droga, corrompiendo o amenazando a varios empleados que pedir una extorsión. En Juárez los cobros de piso se han concentrado en empresas locales y nacionales, que menean flujo de efectivo y no en la industria maquiladora.
El impacto de vulnerabilidad hacia las inversiones y a sectores que no se sentían amenazados por la violencia aumento rápidamente debido a la contundencia de los dos ataques y la tardía respuesta del Secretario de Economía. Ahora es importante que la próxima administración haga mucho énfasis en la parte de prevención del delito al distribuir información hacia la sociedad y a los empresarios, para disminuir el riesgo y conservar fuentes de empleo. Como parte de las funciones de promoción de inversiones se deben alertar de los riesgos y amenazas que enfrenta un empresario o compañía si quiere establecer un negocio en México. Pero una política pública eficaz también advertiría como se pueden disminuir los riesgos y desarticular las amenazas y esto solo se hace con la distribución de información y fomentando cercanía con el sector empresarial. Un ejemplo de éxito han sido las campañas contra las extorsiones telefónicas. Sin embargo, la falta de continuidad, así como una investigación permanente sobre el fenómeno( ya que el modus operandi de los criminales evoluciona) hacen que estos esfuerzos aislados no contengan a la delincuencia. Lo mismo suceden con el tema de trata de personas, narcomenudeo, piratería y otros delitos. La diferencia es que ahora los empleos e inversiones del país están en riesgo.
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