Desde que fue juez de distrito, José Guadalupe Luna Altamirano se caracterizó por sus fallos controversiales. Como magistrado esa constante fue en aumento.
Casos como la exoneración del ex presidente Luis Echeverría del delito de genocidio, los fallos a favor del hermano de Ismael El Mayo Zambada, de uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera o el de Sandra Ávila Guzmán, lo colocaron en los reflectores.
En 2001, cuando se desempeñaba como juez sexto de distrito en el Reclusorio Oriente, determinó que Ricardo Miguel Cavallo, quien fuera titular del Registro Nacional de Vehículos y estaba acusado en Argentina de haber cometido delitos de lesa humanidad y terrorismo, podía ser extraditado a España, como lo solicitaba el juez español Baltazar Garzón.
Luna Altamirano, quien hasta el pasado jueves se desempeñaba como magistrado del Tercer Tribunal Unitario en materia Penal del Distrito Federal, estableció que el delito de tortura que se le imputada a Cavallo, cometido durante la dictadura en Argentina (1976-1983), ya había prescrito.
Después, ya como magistrado en 2007, le otorgó al ex presidente Luis Echeverría Álvarez un amparo en contra de una orden de aprehensión, por considerar que si bien se cometieron acciones tipificadas como genocidio en la Matanza de Tlatelolco de 1968, este delito no era imputable al entonces secretario de Gobernación del presidente Gustavo Díaz Ordaz.
El año siguiente, el magistrado intentó sin éxito ser Consejero de la Judicatura. Su nombre apareció en el listado de aspirantes que integró la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 26 de octubre de 2006.
Para ese momento el magistrado ya había tomado la resolución de liberar, el 31de mayo, a 20 hombres que habían sido detenidos en una bodega en Boca del Río, Veracruz, cuando custodiaban 3 millones 150 mil dólares, los cuales trasladaban a bordo de un camión de la empresa Paxair.
Su consideración, contraria al del juez de primera instancia, fue que los detenidos no sabían del contenido que había en el camión y que, de haberlo sabido, no podían conocer que se trataba de dinero ilegal.
Ese no sería su único fallo a favor de personas involucradas con actividades ligadas al narcotráfico. El 11 de abril del 2008 exoneró a Iván Archivaldo Guzmán –uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera-, de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Otro personaje también ligado con líderes del Cártel de Sinaloa fue absuelto por Luna Altamirano de los delitos que se le imputaban: Jesús Rey Zambada García, hermano de Ismael El Mayo Zambada.
El 10 de agosto de 2010 el magistrado, suspendido por una investigación interna y en contra de quien ayer la PGR abrió una averiguación previa por presuntos nexos con ese Cártel, consideró que Jesús Zambada no era responsable de los delitos contra la salud, acopio de armas y posesión de cartuchos.
El magistrado aceptó la apelación interpuesta ante esa instancia y determinó que la PGR no acreditó que en el operativo realizado en una bodega de la delegación Azcapotzalco de esta ciudad, los 300 kilos de cocaína, siete rifles de asalto y 100 cartuchos útiles “hubiera flagrancia, porque se realizó cuatro días después de la detención del inculpado”.
Los casos ligados con Los Beltrán Leyva
El 9 de agosto del año pasado, el autor de un libro sobre los tratados de extradición exoneró a Sandra Ávila Beltrán, conocida como La Reina del Pacífico y a Juan Diego Espinoza, El Tigre, ligado con el Cártel del Norte del Valle de Colombia, de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y lavado de dinero. Su argumento: que la PGR no presentó pruebas suficientes contra ellos.
Con lo cual Luna Altamirano desechó la apelación interpuesta por la PGR en contra de la resolución del juez de primera instancia. La consideración fue que no se acreditaron elementos para involucrar a ambos, en el traslado de más de siete toneladas de cocaína en el buque Maciel.
Otra exoneración de un personaje ligado con Los Beltrán Leyva ocurrió el 4 de enero de este año, cuando el titular del Tribunal Unitario en Materia Penal, con sede en el Distrito Federal, liberó a Antonio Culebro Arredondo, El Tito, acusado de lavar dinero para ese grupo delincuencial.
La revocación del auto de formal prisión que otorgó el magistrado suspendido fue por considerar que el Ministerio Público no había probado que Culebro hubiera blanqueado 2 millones 4 mil 443 pesos por la compra de un condominio en Acapulco, Guerrero.
También exoneró de este delito a César Vicente Fabregal Ocampo, quien estaba coacusado del mismo.
En diciembre de 2008, el Consejo de la Judicatura, tras investigar una queja interpuesta por la juez Primero en materia penal, con sede en el Reclusorio Norte, determinó suspender por seis meses a Luna Altamirano por considerar que incurrió en “actos y juicios de valor que no corresponden a su labor judicial” y por haber actuado en contra de un integrante del Poder Judicial de forma pública, basándose en aptitudes y aspectos personales.
El magistrado estuvo suspendido, de manera efectiva, de enero a marzo de 2009 y regresó a su cargo en abril de ese mismo año.
La acusación de la juez fue porque durante una rueda de prensa acusó a su homóloga Silvia Carrasco Corona de haber hecho señalamientos falsos en contra de Iván Archivaldo Guzmán Salazar.