El encuentro que sostuvieron el pasado 19 de abril los generales Arturo Acosta Chaparro y Tomás Ángeles Dauahare, un día antes de que el primero fuera asesinado, continúa bajo investigación del Ministerio Público capitalino, pues no se descarta que pudiera haber una conexión entre ambos hechos.

 

Autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) advirtieron que la declaración del abogado José Antonio Ortega Sánchez, testigo de la reunión, por si misma no desvincula los hechos, pues resulta significativa tanto la naturaleza de la plática que se sostuvo como la realización del encuentro horas antes del homicidio.

 

“En la lógica de un homicidio cuidadosamente planificado, como se advierte este caso, tiene que estudiarse a profundidad cualquier elemento que pudiera resultar significativo, como lo es esa reunión y definir el papel mismo que jugó en el caso”, indicó a 24 HORAS una fuente de la fiscalía.

 

Por ello, la PGJDF tomará en los próximos días una declaración ministerial al general Ángeles Dauahare, quien actualmente se encuentra arraigado por presuntos nexos con la delincuencia organizada, para cuestionarle en torno a dicha reunión.

 

Da PGR luz verde

 

Autoridades de PGR informaron que ya dieron la autorización correspondiente para que su homóloga local interrogue al general Ángeles Dauahare en torno al caso del homicidio de Acosta Chaparro y del encuentro que sostuvieron el 19 de abril en un restaurante de Chapultepec.

 

Lo que falta por definir es la fecha, explicaron en a dependencia federal, pues hay que coordinar esta diligencia con las otras que se llevan a cabo en el Centro Federal de Investigaciones y que corresponden a la indagatoria federal iniciada contra del mando castrense por presuntos vínculos con la organización delictiva de Los Beltrán Leyva.

 

Por otra parte, el general retirado Roberto Dawe González, investigado por presuntos nexos con la delincuencia organizada, perdió el último recurso legal que interpuso en contra de su detención y arraigo, luego de que un juez federal ratificó su negativa de concederle la protección federal y envió el expediente al archivo.

 

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