La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) aclaró que no ha impugnado la creación de la Comisión de la Verdad del caso Iguala y por el contrario refrendó el compromiso de trabajo con las víctimas y sus representantes en la búsqueda de justicia y verdad.
A través de un comunicado, detalló que los días 18 y 25 de junio la Procuraduría General de la República (PGR) le notificó las sentencias de los juicios de amparo relativos al caso Iguala, dictadas por el Primer Tribunal Colegiado del 19 Circuito en Tamaulipas, el 31 de mayo del presente año.
Precisó que la Ley General de Víctimas establece la obligación del Estado de reparar a las víctimas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido, lo que comprende medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y de no repetición.
En este marco, consideró que la sentencia establece un monto de “indemnización parcial” arbitrario que se determinó sin escuchar a los padres de los 43 estudiantes de la escuela normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.
La Comisión Ejecutiva destacó la importancia de escuchar a los familiares de las víctimas para garantizar el derecho a la reparación integral y determinar el concepto de compensación económica.
De igual forma, estimó que la reparación integral a las víctimas en su dimensión económica no puede consistir en “un buen gesto del Estado” como lo señala la sentencia, sino que como lo señala la ley en la materia, es un derecho de las víctimas y una obligación para las autoridades.
La sentencia dictada por el Tribunal Colegiado confunde las medidas de ayuda y reparación integral establecida en la Ley General de Víctimas, la reparación integral no pretende atender “necesidades apremiantes”, sino restablecer un proyecto de vida, acotó.
En el ejercicio de sus derechos, a las víctimas les correspondería no solo recibir una reparación integral, sino además, medidas de ayuda para atender sus necesidades inmediatas sin que esto sea descontado en la reparación correspondiente, añadió la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
“Con ello subrayamos que no existe una disposición institucional de combatir judicialmente la sentencia ampliamente referida, y si un compromiso de acompañamiento y protección de las víctimas”, planteó.
DPC