Autogobierno, violaciones a los derechos humanos y la integridad personal, así como la falta de trato digno en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cadereyta, Nuevo León, provocaron el motín del 9 y 10 de octubre de 2017, en el que 18 personas perdieron la vida, informó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la recomendación 20/2018, dirigida al gobernador Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón y al fiscal general estatal, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez.
Además, afirmó que al revisar las carpetas de investigación se comprobó que la Fiscalía no ha realizado una indagatoria diligente para determinar la probable responsabilidad de quienes participaron en el motín, así como que no se han realizado dictámenes periciales para determinar las circunstancias en que 18 personas perdieron la vida (11 de ellas por disparos de arma de fuego).
La CNDH concluyó que las condiciones del Cereso en particular el autogobierno propició el motín de los internos, destacando que el operativo efectuado por personal de la Secretaría de Seguridad Pública y de Fuerza Civil del Estado no fue planeado debidamente.
El organismo recomendó al mandatario estatal reparar el daño ocasionado a los familiares de los internos fallecidos y otorgarles atención psicológica y médica; así como asignar recursos presupuestales y materiales para garantizar condiciones de estancia digna y segura a los internos del Cereso, dotándolo de personal suficiente y capacitado.
LEGG