A tres años de los lamentables hechos ocurridos en la colonia Narvarte, con el asesinato de Mile Virginia Martín, Yesenia Atziry Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés, la defensora de derechos humanos Nadia Dominique Vera Pérez y el periodista Rubén Manuel Espinosa Becerril, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hizo un llamado urgente a las autoridades involucradas para dar cumplimiento a cabalidad de la Recomendación 04/2017.

 

El 21 de junio del 2017, la Comisión emitió dicho instrumento mediante el cual recomendaba a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), ambos de la Ciudad de México, por las violaciones a los derechos humanos en contra de las víctimas y algunos de sus familiares.

 

La CDHDF menciona que si bien se han establecido espacios de diálogo entre las víctimas, sus representantes y las autoridades, estas últimas no han logrado dar cumplimiento total a la mencionada Recomendación. “Pese a los esfuerzos llevados a cabo durante el último año, los mismos aún resultan insuficientes”.

 

Refiere que los grandes pendientes se encuentra la elaboración de un plan integral de investigación que cuente con los mínimos estándares para identificar, delimitar y agotar las posibles líneas de investigación, así como una metodología adecuada para procesar y analizar la información que se va recabando, ya que a la fecha las diligencias no han servido para confirmar o desacreditar las diversas hipótesis ni las responsabilidades de los presuntos autores intelectuales.

 

En relación con las investigaciones penales y administrativas en contra de servidores públicos involucrados con las violaciones a derechos humanos, la Comisión señaló que es de particular preocupación confirmar que aún no hay ninguna persona investigada o sancionada por estos actos. Por el contrario, aquellas investigaciones que se iniciaron, fueron determinadas sin responsabilidad alguna.

 

Asimismo, confió en que la Procuraduría General capitalina realice un acto de disculpa pública y una propuesta de indemnización acorde con los estándares internacionales en materia de reparación integral, mediante la cual se reconozcan los daños por cada uno de los derechos vulnerados y que fueron acreditados por esta Comisión, así como las pretensiones de las víctimas, la pertenencia a grupos en situación de riesgo y el impacto que la impunidad ha tenido sobre ellas, la cual continúa afectando su integridad física y psicológica.

DPC