La Procuraduría General de la República (PGR) tiene un plazo de 15 días para presentar por escrito la acusación y los datos de prueba con los que pretende llevar a juicio al ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, quien está internado en el Reclusorio Norte, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Cuando se cumpla dicho procedimiento, el juez de control convocará a audiencia intermedia, y tanto los fiscales como la defensa de Duarte determinarán cuáles son las pruebas que se van a desahogar; por su parte, el juzgador decidirá a quiénes debe citar y cómo se desahogarán las pruebas.
Posteriormente, los datos de prueba y el monto de lavado de dinero imputado a Duarte de Ochoa (mil 670 millones de pesos), así como el cargo de delincuencia organizada podrían cambiar, debido a que sólo pueden ser llevadas a juicio las evidencias que cumplan con las formalidades legales y la PGR estaría a la espera de una serie de informes bancarios que solicitó a Suiza en septiembre de 2017, y de los cuales se desconocen los montos.
En caso de que los fiscales no cumplan con la obligación establecida en el artículo 324, el juez pondrá el hecho en conocimiento del Procurador o del servidor público en quien haya delegado esta facultad, para que se pronuncie en el plazo de 15 días.
Cabe señalar que los abogados del veracruzano podrían litigar contra las pruebas de la Procuraduría y los respectivos acuerdos del impartidor de justicia, por lo cual la audiencia intermedia deberá esperar hasta que se resuelvan las apelaciones o amparos.
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