SAN JOSÉ.- La posible legalización del matrimonio entre parejas del mismo sexo y la regulación del aborto terapéutico viven horas cruciales en Costa Rica, donde la atención y las polémicas por estos dos asuntos se han incrementado en las últimas semanas.
Estos dos temas generaron polarización en la sociedad durante la campaña hacia las elecciones de este año, en las que el centroizquierdista Carlos Alvarado Quesada ganó la Presidencia en una segunda ronda frente al conservador Fabricio Alvarado, un predicador evangélico que se opone tanto al matrimonio gay como al aborto en cualquiera de sus formas.
Grupos defensores de derechos humanos y la Defensoría de los Habitantes han exigido al presidente Alvarado que cumpla su promesa de campaña de implementar un protocolo que marque las pautas para la aplicación del aborto terapéutico.
Aunque el aborto terapéutico es legal en el país desde 1971, su aplicación es prácticamente nula debido a la falta del protocolo.
“La Defensoría insta a la Administración Alvarado Quesada a tomar las medidas necesarias para la aprobación de la norma técnica para la regulación de la interrupción terapéutica del embarazo y garantizar su implementación en todos los servicios de salud públicos y privados”, expresó la Defensoría de los Habitantes.
Tras la sorpresiva llegada a segunda ronda del predicador Fabricio Alvarado y la elección de 14 diputados (el Congreso lo integran 57) de su Partido Restauración Nacional (PRN, evangélico), el movimiento contra el matrimonio gay y el aborto terapéutico ha tomado fuerza.
La diputada del PRN Ivonne Acuña presentó en días anteriores un proyecto de ley que pretende modificar la Constitución Política para establecer la inviolabilidad de la vida desde la concepción, lo que para organizaciones defensoras de los derechos humanos atenta contra la legislación nacional, resoluciones de la Sala Constitucional y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Este sábado también grupos denominados “pro vida” se manifestaron en el centro de San José en contra del aborto terapéutico bajo el lema “salvemos las dos vidas”.
El Estado costarricense enfrenta una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interpuesta por dos mujeres identificadas como Ana y Aurora, quienes tuvieron embarazos con fetos con malformaciones incompatibles con la vida extrauterina (MIVE).
A ellas los hospitales les negaron la interrupción del embarazo en 2007 y 2012, respectivamente, a pesar de que se encontraba en riesgo su salud.
El artículo 121 del Código Penal costarricense señala que “no es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios”.
El presidente Carlos Alvarado ha dicho que “no es una prioridad” la aplicación del protocolo, pues dice que enfoca sus esfuerzos en la compleja negociación de una reforma tributaria en el Congreso, para la cual los votos de los diputados evangélicos serán cruciales.
El otro gran tema de derechos humanos que por estos días acapara la atención en Costa Rica es el del matrimonio igualitario, pues la Sala Constitucional anunció a mediados de julio que en la primera quincena de agosto emitirá un fallo al respecto.
En enero pasado, a petición del Estado costarricense, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva en la que se pronunció a favor de la identidad de género y los derechos familiares de la población LGBTI, entre estos el matrimonio.
La polémica radica en si esta opinión consultiva es vinculante para Costa Rica, lo que para muchos juristas está claro debido a fallos anteriores de la Sala Constitucional que han ratificado lo vinculante de esos instrumentos.
Este sábado grupos LGBTI (lesbianas, gay, bisexuales, transexuales e intersexo) y organizaciones pro derechos humanos acudieron a las afueras del poder judicial con sus banderas tradicionales y pancartas en apoyo al matrimonio igualitario.
Además, unas 180 personalidades del país, entre ellos cuatro expresidentes, políticos, diputados, activistas y académicos, firmaron el viernes una declaración en apoyo a la Sala Constitucional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la defensa de la igualdad para todos los ciudadanos.
El comisionado presidencial para Asuntos de la Población LGBTI, Luis Salazar, comentó que “esta es una clara manifestación de respeto por los derechos humanos, en donde visiones distintas se unen por la igualdad y la no discriminación a las parejas del mismo sexo”.
NCG