Roma.– El Gobierno italiano y la concesionaria Autostrade per l’Italia, filial de Atlantia y responsable del mantenimiento del puenteque se derrumbó el martes pasado en Génova, protagonizaron ayer un cruce de acusaciones a raíz de un siniestro que ha causado al menos 38 muertos.
El Gobierno, que el miércoles pidió la dimisión de los directivos de Autostrade, apuntó a la compañía como la responsable del suceso.
De hecho, el viceprimer ministro de Italia y titular de Desarrollo Económico, Luigi Di Maio, reiteró -tal y como hizo el miércoles el jefe del Gobierno, Giuseppe Conte– la intención del Ejecutivo de iniciar un proceso para revocar la concesión a Autostrade.
“Mantengo la línea del Gobierno, no es posible que se muera pagando un peaje”, dijo Di Maio.
El también vicepresidente y ministro del Interior, Matteo Salvini, atacó a la compañía y consideró que los directivos deberían darse “un baño de humildad” y ayudar económicamente a las familias de la víctimas.
“Si el Gobierno ha movilizado (ayudas de) 5 millones de euros, ellos deberían poner 500 millones sobre la mesa”, argumentó, en referencia al paquete de medidas que el gabinete aprobó ayer para hacer frente a las intervenciones más urgentes.
Atlantia, que compró junto a la constructora ACS la concesionaria española Abertis, se desplomó en la Bolsa de Milán, tras lo cual salió al paso de las críticas contra su filial y arremetió contra el Gobierno por realizar declaraciones que tienen importantes repercusiones para los accionistas.
Además, culpó al Ejecutivo de haber anunciado un proceso para la revocación de la concesión a Autostrade sin “investigaciones sobre las causas reales del incidente”.
Atlantia añadió que en este escenario habría una penalización que debería pagar el Gobierno, ya que el permiso tiene validez hasta 2038. Una sanción que podría ascender a 20.000 millones de euros.
LEG