El Sistema Procesal Penal Acusatorio ha sido el marco idóneo para fortalecer el respeto a los derechos humanos de las personas que se encuentran vinculadas a un procedimiento penal, ya sea como víctimas, indiciadas, imputadas, acusadas, sentenciadas o, incluso, como testigos.
En ese contexto, existen grupos sociales a los que su condición de vulnerabilidad les ha impedido tener un acceso efectivo a la justicia.
Por ello, los servidores públicos que intervienen en la procuración e impartición de justicia, así como aquéllos que cumplen la tarea de organizar y administrar los Centros Penitenciarios deben acatar la obligación que les impone la Constitución y los tratados internacionales, de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad.
En el ámbito de la procuración de justicia, los derechos que deben serles respetados son el de defensa, debido proceso, debida diligencia, respeto a su integridad física y todos aquellos que, por su situación de vulnerabilidad, deben observar los agentes de la autoridad.
En la procuraduría se tiene el firme compromiso de respetar los derechos humanos de las personas pertenecientes a tales grupos, para lo cual se han desplegado acciones encaminadas a garantizar su derecho de acceso a la justicia.
Entre tales acciones está la creación de agencias o unidades de investigación encargadas de atender a dicho sector, el fortalecimiento de la normatividad interna a través de protocolos que dan las reglas de actuación del personal sustantivo de la institución, conforme al Sistema Procesal Penal Acusatorio y capacitación constante, sobre todo al personal operativo, poniendo énfasis en los derechos humanos.
Dr. Jorge Antonio Mirón Reyes, subprocurador de Planeación, Coordinación Institucional y de Derechos Humanos.