Omar Sánchez de Tagle (@osdtagle)

En los últimos días hemos escuchado que el gran pendiente de la próxima administración deberá ser el combate a la inseguridad, ha quedado claro que para ello la administración de Andrés Manuel López Obrador ha determinado que la primer medida será separar a la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaria de Gobernación y así transformarla de nueva cuenta en la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

La segunda estrategia de seguridad que hemos detectado ha sido la de formar una serie de foros de paz que ilustren a los próximos responsables sobre las medidas estructurales y operativas que tendrán que tomar.

Lo que hasta el momento hemos observado de estos foros por la paz es que si bien se esta escuchando a las víctimas para atender en un mediano plazo sus exigencias –lo cual siempre será muy importante–, es que el resultado de estos foros se esta convirtiendo en un ejercicio solo de testimonios y lo que se requiere son propuestas estructuradas.

Muchas organizaciones de la sociedad civil llevan años trabajando en esas propuestas, incluso en los últimos meses hemos visto el resultado de sus trabajos de análisis que se basan en la situación que vive el país a partir de datos concretos.

Hace unos días leía un texto de Francisco Rivas director general del Observatorio Nacional Ciudadano que decía que “para que un proyecto funcione se requiere un mínimo de conocimiento del marco normativo, de los recursos efectivos con los que cuenta el Estado y de un diagnóstico de qué ha impedido que se cristalice el combate al delito y la violencia en dicha región o en todo el país”.

Organizaciones como estas se han especializado en realizar análisis de la problemática de la inseguridad a partir de toda la estructura que engloba el tema de inseguridad. Otra de las organizaciones es la de Edna Jaime quien hace unas semanas presentó su análisis sobre los avances a dos años de la implementación del nuevo de sistema de justicia penal.

El reporte es clave, más cuando en el encontramos que el mayor riesgo detectado es un estancamiento en la operación este sistema. De acuerdo al reporte se detectó que contrario al objetivo el número de casos crece sostenidamente, es decir, la resolución de casos no se volvió más rápida ni efectiva.

El porcentaje de carpetas de investigación iniciadas ha aumentado en un 79 por ciento 2015 a 2017, simultáneamente, las instituciones de procuración de justicia reportan una capacidad de mediana solución a tan solo 5 de cada 10 asuntos.

“ El estancamiento del sistema de justicia penal puede traducirse en una saturación por el aumento sostenido del rezago y la falta de respuesta institucional, así como por una incapacidad para investigar y sancionar los delitos complejos que causan más daño a la sociedad”.

De acuerdo con el Índice de Impunidad del Sistema de Justicia Penal, se ha detectado una impunidad generalizada en el ámbito local y federal respecto de los casos que son conocidos por las instituciones de procuración e impartición de justicia.

Es importante hacer caso a esta evaluación porque el sistema de justicia penal engloba a todos los actores dedicados al combate y procuración de justicia y seguridad. Por ello como lo establece el documento debe crearse  una instancia de coordinación nacional que verifique el desarrollo de una política articuladora de seguridad y justicia.