A mediados de agosto, se publicó una nota que aparentemente no tuvo mayor trascendencia: “46% de los nuevos diputados carecen de título universitario’’.

La cifra por sí sola, aunque debería alarmarnos, no dice mucho.

Pero si se compara con las de anteriores Legislaturas, por lo menos de 2006 a la fecha, nos encontramos que esta nueva Cámara baja tiene el mayor número de diputados sin estudios universitarios.

La Cámara de Diputados tiene una estadística que nunca hace pública y que obliga a los medios de comunicación a revisar caso por caso el currículum de los 500 representantes populares.

Este ejercicio lo hizo en septiembre de 2015 el diario El Universal, con los siguientes resultados:

La Legislatura que recién concluyó (2015-2018) tuvo a 21% de diputados sin estudios universitarios.

El periódico capitalino destacó en su nota que era “el porcentaje más alto’’ de diputados sin carrera universitaria en las últimas legislaturas.

Para el periodo 2006-2009, 13% de los 500 diputados no tenía estudios universitarios; para el periodo 2009-2012, el porcentaje disminuyó a 10% y para el periodo 2012-2015 aumentó a 17%.

Es decir, que de 2006 a 2015, más de 80% de los diputados sí tenían título universitario y cédula profesional.

En la actual Legislatura el número de diputados sin estudios universitarios aumentó drásticamente hasta llegar a 46%, es decir, casi la mitad de los representantes populares.

La Constitución mexicana no establece como requisito para aspirar a un puesto de elección popular contar con estudios universitarios.

De hecho, cuando el tema se ha tratado, quienes se oponen a la modificación de esta regla argumentan que sería discriminatorio y violatorio de la Constitución –todo mexicano tiene derecho a votar y ser votado-, si se exigiera como requisito un título para ser candidato a diputado, local o federal, y a senador.

Pero quienes están a favor de modificar la regla aseguran que sí es necesario que quienes construyen y aprueban las leyes tengan como mínimo una licenciatura.

El tiempo dirá –y muy pronto- cuál de los bandos tiene la razón.

 

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La grotesca escena de dos hombres inocentes linchados en un municipio de Puebla ha indignado a todo el país.

Uno entiende que el pueblo quiera hacerse justicia por propia mano cuando las autoridades son omisas con su deber, pero el caso del miércoles por la tarde tiene que acabar con policías y los agitadores presos.

¿Cómo es posible que policías contemplen la escena atrás de una reja sin intervenir, como era su responsabilidad?
A ver si ahora sí el gobernador Antonio Gali despierta de sus sueños de grandeza y le exige a su procurador detener a los instigadores de esta masacre.

Y de paso que indemnice a las familias de los muertos.

 

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Las fracciones del PAN y Morena en el Senado pidieron a la Mesa Directiva de esa Cámara, encabezada por Martí Batres, “analizar la situación del senador electo Noé Castañón Ramírez’’ antes de tomarle protesta.

Y es que, no es por intrigar, pero sólo la bancada del PRI, a la que supuestamente pertenecerá el legislador prófugo, no se ha pronunciado sobre el caso que pone en tela de juicio a la justicia en Chiapas.

Ya veremos.