Aumenta temor de que Reino Unido y la UE no logren un pacto
Theresa May, la primera ministra del Reino Unido (RU), “activó” el proceso de salida de la Unión Europea (UE) el 29 de marzo de 2017, nueve meses después del referéndum.
Según el artículo 50 del Tratado de Lisboa (firmado en 2007 y que otorga personalidad jurídica a la UE para establecer acuerdos internacionales como un conjunto), si no se llega a un acuerdo político, económico, comercial, migratorio y regulatorio entre las partes a los dos años de la declaratoria de intención de salida, se formalizará automáticamente la misma (cabe aclarar que es un acuerdo con dos ramas: la del “divorcio”, que determinará las condiciones de extinción de responsabilidades y protocolos comunes; y la del acuerdo bilateral futuro).
En julio pasado, May reveló a la opinión pública los ejes del convenio que su gobierno está elaborando para someter a consideración de la UE. Estos ejes incluyen el fin del pago de cuotas y demás compromisos a la UE; la eliminación del “movimiento libre” en las fronteras británicas para “recuperar el control” de estas; un tratado de libre comercio entre las partes con énfasis en bienes industriales y agricultura; terminar con la injerencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre las cortes británicas; pero también reitera cooperación internacional en materia de seguridad interna, para así evitar ataques terroristas o similares.
Tras la difusión de estas consideraciones, dos prominentes miembros pro-Brexit dentro del gabinete de May renunciaron en protesta por el documento: Boris Johnson, entonces Secretario de Estado para Relaciones Exteriores (y quien declaró que el plan de May le daría “un estatus de colonia” al RU), y David Davis, antes Secretario de Estado para la Salida de la UE y principal negociador británico. El tema tiene dividido al Partido Conservador de May, ya que, según distintos reportes, entre 50 y 80 de sus parlamentarios en la Cámara de los Comunes votarían en contra de la ratificación del acuerdo como está.
Ante el contexto volátil, el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, declaró que “un Brexit ‘sin acuerdo’ podría generar una crisis financiera tan mala como la de 2008”. Por su parte, Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, advirtió recientemente que “un escenario ‘sin acuerdo’ sería malo para todos, pero especialmente para el RU”.
De llegar a dicho punto, por ejemplo, cientos de miles de pacientes dentro del Servicio Nacional de Salud del RU podrían enfrentar retrasos para acceder a tratamientos y medicamentos pactados con la UE (por temas regulatorios); negocios del RU tendrían que destinar mayores recursos y tiempo a trámites aduaneros; expatriados británicos en la UE podrían perder temporalmente acceso a sus pensiones y demás servicios financieros; ciudadanos de la UE en RU entrarían en un “limbo” jurídico; habría incertidumbre migratoria en puertos y aeropuertos así como en materia de contratos laborales, entre otras consecuencias.
El apartado 3 del artículo 50 del Tratado de Lisboa también menciona que “si el Consejo Europeo, de acuerdo con dicho Estado, decide por unanimidad prorrogar dicho plazo”, se establecerá una nueva fecha límite para formalizar la salida de la UE. Por lo mismo, de tener un acuerdo a la vista, la UE y el RU podrían recurrir a esta opción.
LEG