Hace ya cuatro años de aquella terrible noche en Iguala, y la verdad histórica es que nos faltan 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.

La otra realidad es que, de incumplirse la expectativa de la nueva comisión “de la verdad y de la justicia” propuesta por el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para iniciar su labor en diciembre, un segmento de su capital político podría estar en riesgo.

Sabemos que hay bajo proceso penal 119 personas: 69 por secuestro y otros 50 por diversos delitos. No existe evidencia científica creíble de que hubiera podido producirse a cielo abierto una temperatura suficiente para reducir a cenizas tantos cuerpos sin dejar siquiera un rastro de ADN.

Y hay debate acerca de que cuando se dijo que se encontró algún resto, éste hubiera podido representar evidencia que habría confirmado la destrucción de todos los cuerpos de los 43 muchachos desaparecidos.

Hoy suman mil 461 días en los que el Gobierno saliente se ha concentrado en mensajes “solidarios”, que ocasionalmente contuvieron la crisis.

Por eso, la reunión que ayer sostuvo AMLO con los agraviados se presenta como un verdadero primer paso de este tiempo nuevo: los escuchó -¡se atrevió a dialogar con ellos!- y les ofreció, a los padres y a todos los ciudadanos que seguimos en espera de una explicación convincente de los hechos, que habrá justicia.

Está pendiente determinar si hubo participación, y en qué nivel de responsabilidad, de elementos de la zona militar y dar a conocer el análisis de la ruta que siguieron los celulares que portaban tanto los estudiantes como los presuntos secuestradores, para lo cual la PGR cuenta con cien extracciones de información de aparatos telefónicos y electrónicos.

De la misma manera, descartar todas las confesiones obtenidas bajo tortura. Recientemente, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro denunció que la decisión del Tribunal Colegiado de que se abra una comisión de la verdad ha sido atacada con más de 200 apelaciones, organizadas por 10 dependencias del Ejecutivo actual “para por todos los medios posibles evitar cumplir con esa resolución que es un paso para la verdad y la justicia”.

La reunión de ayer en el Museo Memoria y Tolerancia, los compromisos asumidos ahí por representantes del próximo Gobierno nos animan a pensar que es posible superar, no la tragedia como alguna vez recomendó Enrique Peña Nieto, sino la incompetencia e insensibilidad oficial frente a ella.

Si habrá aceptación generalizada del resultado de esa futura comisión o si entenderemos la incompetencia del sexenio que concluye, tanto para la gestión de su imagen como en su eficacia operativa e investigativa, es un misterio.

Lo es también si existe la probabilidad de validar, y en consecuencia reconocer, que el crimen organizado y no “el Estado” fue responsable de los crímenes.

A todos estos temas aplica la expresión sugerida por AMLO: “No debemos de temer si se conoce la verdad”.