Para profundizar sobre la red de vínculos con empresarios y las operaciones financieras que realizaron los ex gobernadores Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores en México y Estados Unidos, la Procuraduría General de la República (PGR) amplió la declaración de un testigo protegido radicado en Texas.
Se trata del testigo con el indicativo Ángel o Ángeles, cuyos señalamientos permitieron abrir, hace tres años, la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, en contra de los ex mandatarios tamaulipecos.
Funcionarios consultados por 24 HORAS explicaron que ratificó sus declaraciones anteriores y profundizó en los señalamientos sobre los presuntos nexos de ambos priistas con el Cártel del Golfo.
Autoridades de la dependencia federal confirmaron además que se trata de uno de al menos cinco testigos colaboradores que se encuentran en la averiguación previa, además de otras evidencias documentales y contables.
Aunque no dieron a conocer la identidad del testigo, las fuentes precisaron que también ha cooperado con las autoridades estadunidenses y se encuentra radicado en San Antonio, Texas.
“Lo que narró pero ahora con mayor detalle fue la red de vínculos de los ex gobernadores y particularmente de Yarrington con los empresarios que ahora son investigados, y que permitieron que sus recursos económicos que tenían un origen no lícito, presumiblemente del narcotráfico, fueran reutilizados”, indicó una fuente de la Procuraduría que conoce del caso.
Al igual que en el expediente de la fiscalía estadunidense, el testigo señaló varias propiedades en Texas que fueron adquiridas con la triangulación de recursos, entre ellas el condominio de la Isla del Padre que ya fue incautado en el marco del procedimiento civil 12-CV-167, iniciado por la Fiscalía Sur de ese estado.
También ratificó el nombre de más de una decena de empresas de bienes raíces creadas en los Estados Unidos e impulsadas principalmente por el empresario Fernando Cano, quien sería el principal prestanombres de Yarrington Ruvalcaba, y que fueron creadas ex profeso para la compra de las propiedades con los recursos de procedencia ilícita.
El modus operandi era siempre el mismo: solicitar a instituciones bancarias estadunidenses con sucursales en Texas los créditos bancarios para la adquisición de lotes a través de las referidas empresas y dejando como prenda o garantía alguna otra propiedad de los prestanombres en México.
Posteriormente a través del sistema de transferencias Monex y teniendo como origen cuentas bancarias en México, se dirigían los recursos cuyo origen no era posible corroborar, para cubrir los créditos solicitados a las instituciones bancarias estadunidenses.
En la PGR subrayaron que aunque no se trata de información totalmente nueva, Ángeles aportó detalles que les permite profundizar en el cruce de información financiera y fortalecer el expediente, que ya superó los 100 tomos.
La principal línea de investigación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) es que al menos durante la última década, los ex gobernantes Yarrington y Hernández, en complicidad con un grupo de empresarios y ex servidores públicos, favorecieron con el lavado de recursos la operatividad del referido cártel.
La averiguación también incluye al ex gobernador Manuel Cavazos Lerma, sin embargo, en la Procuraduría subrayaron que la indagatoria en este aspecto presenta un menor grado de avance.
Todos los testigos colaboradores respecto a esta indagatoria, entre ellos Ángel o Ángeles, se encuentran en territorio estadunidense y bajo la protección de la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) en ese país.
ARRAIGADOS NIEGAN VÍNCULO CON NARCO
Los dos empresarios arraigados y la esposa de Fernando Cano negaron en sus declaraciones ante el Ministerio Público Federal de la SIEDO que tuvieran algún vínculo con la delincuencia organizada, aunque reconocieron que se realizaron operaciones con recursos de Yarrington.
Según lo dicho en la PGR, los empresarios Napoleón Rodríguez de la Garza y Eduardo Rodríguez Berlanga confirmaron su participación la adquisición de algunas propiedades y en otras inversiones similares que también involucraron al ex gobernador de Tamaulipas, pero dijeron desconocer que parte del dinero proviniera del narcotráfico.
Por su parte, Sonia de Pau García dio pormenores de las empresas y negocios de su esposo, señalado como principal prestanombres de Yarrington, y de las que ella exigió 50% en una demanda de divorcio.
No obstante, la mujer sostiene que los pormenores de los negocios realizados los conoce Cano, quien ya cuenta con una orden de localización en México y una orden de arresto en los Estados Unidos.