Estos días hemos sido testigos de un conflicto que podría crecer más e incluso involucrar intereses de diversos funcionarios de la actual administración. Se trata del problema legal en el que se encuentran las plataformas de perforación de Oro Negro en el Golfo de México.

El pasado viernes un juez federal a través de un juicio mercantil ordenó que cerca de 170 acreedores de Integradora de Servicios Oro Negro tomaran posesión de las plataformas petroleras Primus, Fortius, Laurus e Impetus, ubicadas en Ciudad del Carmen.

Los acreedores tomaron el mandato judicial y se dirigieron a las plataformas en helicópteros, pero solo uno de los representantes legales logró el objetivo de descender. Se trata de Ricardo Contreras Robles, quien desde el pasado fin de semana se encuentra a bordo de la plataforma Decus.

Lo interesante de este caso es que este grupo de acreedores fue el que compró bonos por 940 millones de dólares para el despegue de Oro Negro, y mediante un juicio consiguieron una orden del juez Enrique Cedillo, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para restituir la posesión de las cinco plataformas de perforación de la compañía, ya que en su resolución considera que los verdaderos propietarios son dichos acreedores.

La orden del juez se basó en una investigación penal donde se acusa que Oro Negro pagó dinero a empresas fantasma con el fin de evitar pagar a sus acreedores, por lo que este juez había también ordenado el congelamiento de cuentas por dos mil millones de pesos.
Pero aquí viene el dato interesante de la historia, pues existe un personaje involucrado en esta trama de presuntos malos manejos financieros y de tráfico de influencias; se trata del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, quien de la mano de su hijo logró incrementar los capitales de la empresa Oro Negro.
Actualmente esta empresa es dirigida por Gonzalo Gil White, hijo de Francisco Gil, y José Antonio Cañedo White; ambos operaron la empresa desde su creación y lograron crecer sus ingresos al conseguir contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex).

Esta empresa tuvo un crecimiento rápido y por tanto empezó a generarse mucho dinero. Sin embargo, tras pasar varios meses y luego de este inusual crecimiento, la empresa comenzó a tener problemas financieros que provocaron que se dejara de pagar a los acreedores.

Este problema no es poca cosa, ya que el conflicto denominado Oro Negro podría poner en peligro a inversionistas privados que están en las Afores Citibanamex y Sura, pues ambas empresas invirtieron en las operaciones de la empresa Oro Negro.

Ayer los abogados de los acreedores insistieron en que buscarán retomar los contratos con Pemex, una vez que tomen el control de las cinco plataformas.

De hecho, Roberto García, socio fundador del despacho de abogados García González y Barradas, señaló que lo que quieren los acreedores es recuperar sus activos (plataformas), que llevan muchos meses parados y cuestan mucho dinero; lo que quieren es echar a andar su negocio y ver nuevamente la posibilidad de platicar con Pemex. Las declaraciones se dan después de que Integradora de Servicios Oro Negro denunciara ante la Procuraduría General de la República (PGR) la incursión fallida en helicópteros a las plataformas de la compañía perforadora durante el fin de semana.