El Grupo Parlamentario de Morena, propondrá esta semana, aumentar las penas a delitos como el financiamiento irregular y el uso de programas sociales con fines electorales y la alteración del Registro Federal de Electores.
A través de su coordinador de bancada, Ricardo Monreal, los morenistas, buscarán reformar la Ley General en Materia de Delitos Electorales y buscar que quienes incurran en ellos no puedan acceder fácilmente a los beneficios de libertad y suspensión condicional del proceso.
El senador morenista presentará el proyecto derivado de las denuncias registradas ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en el más reciente ejercicio electoral y de cara a los cinco procesos electorales a desarrollarse al interior del país el próximo año.
La propuesta propone también tipificar conductas que no se incluyen actualmente en la ley, o bien se precisan de mejor manera y adaptan a las necesidades actuales de protección de bienes jurídicos, como la protección a los sistemas informáticos que se emplean por las autoridades electorales.
Respecto de los delitos cometidos por servidores públicos, funcionarios electorales y partidistas, se plantea agravar determinadas conductas que lesionan la equidad de los procesos, así como contemplar la sanción de conductas en periodos de intercampañas que no se encuentran previstos en la ley.
Se incluye a los candidatos independientes dentro de los sujetos activos de los delitos electorales, así como a sus gestores o auxiliares, en la integración de un nuevo tipo penal que prevé la presentación de firmas apócrifas para obtener sus candidaturas.
Además, se busca la creación de al menos un Juzgado de Control y uno de enjuiciamiento de carácter nacional, similar al que opera en materia de extinción de dominio, así como un tribunal de apelación especializado, lo que permitiría superar las diferencias en cuanto a criterios al emitir resoluciones judiciales heterogéneas o contrarias entre sí.
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