La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la llamada “Ley de Seguridad Interior’’ con la que el Gobierno actual pretendía regularizar la actuación de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública.

El rechazo fue contundente: 10 de los 11 magistrados votaron a favor de la inconstitucionalidad y sólo uno en contra.

El antecedente es importante no sólo porque se tiró una ley que había sido fuertemente cuestionada por la oposición –hoy en el poder- y por organizaciones civiles.

Lo que sigue ahora será más interesante.

¿Cómo hará el gabinetazo de seguridad de López Obrador para hacer las reformas a la Constitución que le permitan crear su Guardia Nacional sin caer en los errores de competencia y legislación que cometieron los diputados anteriores?

López Obrador anunció el envío de iniciativas para modificar la Constitución a fin de que se pueda crear la Guardia Nacional, conformada por militares, marinos y algunos miembros de la Policía Federal, así como para “poner fin a las confrontaciones armadas’’.

El tema es que, según algunos magistrados, los legisladores confundieron Seguridad Interior con Seguridad Pública; la primera es responsabilidad de las Fuerzas Armadas y la segunda, de los tres niveles de Gobierno, desde el federal hasta el municipal.

De las Policías, pues.

Así que habrá que seguir con lupa el proceso legislativo con el que el obsequioso Congreso pretende cumplir las órdenes de López Obrador que, de entrada, ya se agenció el derecho de nombrar a un subordinado como fiscal general, a pesar de las protestas de organismos ciudadanos y de una oposición que ha sido solamente testimonial.

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¿Qué pasará con la Gendarmería creada por Miguel Osorio Chong cuando fue secretario de Gobernación?

¿Y qué pasará con la Policía Federal luego del repasón que le dio López Obrador?

Se entiende que la Gendarmería, en la que participan hasta ahora 40 mil elementos, desaparecerá para dar paso a la Guardia Nacional, pero ¿no será que se trate sólo de un cambio de camiseta?

Digo, porque hasta ahora nadie ha aclarado cuál es el futuro de esos militares vestidos de gendarmes.

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Recordará que ayer publicamos en este espacio una información respecto a una licitación “en lo oscurito’’ de la Red Privada Virtual del Consejo de la Judicatura Federal.

Pues bien, esta licitación fue cuestionada y votada en contra por tres consejeros de la Judicatura: su presidente, Luis María Aguilar Morales, Jorge Cruz Ramos y Rosa Elena González Tirado.

Aguilar Morales había dicho que lo mejor para el CJF era que se prorrogara el contrato de servicios que tenían con la CFE y Telecom; incluso se había pedido una opinión al Instituto Federal de Telecomunicaciones para saber si era legal o no prorrogar el contrato.

La respuesta fue sí, pero, pese a ello, cuatro consejeros, Alfonso Pérez Daza, Felipe Borrego, José Guadalupe Tafoya y Martha Hernández, votaron a favor de la licitación de un contrato por dos mil 800 millones de pesos.

Y fue así que se aprobó una cuestionable licitación cuyo costo es mayor a lo que se pagaba a los actuales proveedores.
Mmm…
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El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, presentó ayer su Segundo Informe de Gobierno, en el que destacó haber sacado al estado del Buró de Crédito, lugar en donde se encontraba luego de la desastrosa gestión de Gabino Cué.

Murat también presumió el clima político en el estado, cuyo Congreso es de mayoría opositora y su disposición para trabajar con la próxima administración federal.