El alzamiento armado encabezado por el EZLN, limitado militarmente, pero de enorme influencia en el establecimiento de la agenda pública en 1994, así como la aparición dos años después del EPR, crearon condiciones, involuntariamente, para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y de sus capacidades organizativas y de intervención en materia de seguridad.

La emergencia de los grupos insurgentes, en su derrota militar y a mediano plazo política, contribuyeron a sacudir y renovar la organización de las Fuerzas Armadas y las de la seguridad pública de todo el país.

Sin embargo, desaparecido el desafío insurgente, el creado por los organismos criminales desde los años 80 y recientemente después de la última década del siglo pasado, colocó a las fuerzas de seguridad, civiles y militares, ante un escenario que no termina de comprenderse ni de aclararse, incluso para efectos del diagnóstico necesario previo a la solución de los problemas de seguridad actuales.

Se reavivó el cuestionamiento al Ejército.

En aquellos años 80 y hasta este 2018, las fuerzas de izquierda o las voces que en general se han identificado con ella, han tenido una gran disposición al debate.

Surge ahora, en la antesala de la toma del poder nacional por Morena y del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, la oportunidad de replantearse cuál es la identidad de los organismos armados que contribuirán y de qué manera lo harán ante los enormes desafíos de la seguridad pública que tendrán que enfrentarse por una mirada de comunidades aisladas, semiurbanas y urbanas que enfrentarían al crimen organizado.

No es casual que algunas voces se resistan a discutir seriamente el rol del Ejército y de la Armada en el contexto de la propuesta de seguridad que fue presentada por AMLO la semana pasada, el futuro titular de la Secretaría de Seguridad, Alfonso Durazo, e incluso la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

El debate podría concluir con una modificación también de la identidad de la izquierda cuando gobierna.

La primera pregunta difícil de atender es la relacionada con la naturaleza de la Guardia Nacional que habrá de constituirse para instrumentar la política de seguridad pública.

La segunda tiene que ver con la extensión y profundidad del rol de la misma para atender el problema.

El debate, en realidad, apenas comienza si es que las fuerzas progresistas y las conservadoras que se le han adherido realmente están comprometidas con justificar legal y conceptualmente sus intervenciones.

Cabe recordar que al inicio de esta administración se creó la Gendarmería, cuya identidad no fue precisada nunca.

¿La presencia de algunos directivos de primer nivel que estuvieron en esa administración como están en la que entrará en diciembre habrá contribuido a replicar la ausencia de precisiones identitarias de la futura Guardia Nacional?

De la falta de respuesta a estas interrogantes surge que a Sánchez Cordero le cueste un poco de trabajo sustentar por qué razón se trata de “policías” y no de “soldados” al referirse a quienes integrarán la Guardia Nacional.

@guerrerochipres