A ver, a ver, ¿cómo está eso de que el magistrado José Luis Vargas se saltó las trancas y, pese a ir en contra de la normatividad interna del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), hizo público el proyecto de sentencia en el que plantea la anulación de la elección de gobernador en Puebla?

Vargas dio a conocer la noche del domingo el proyecto, sin que el resto de los magistrados lo conocieran o autorizaran.

El magistrado en cuestión violó flagrantemente el artículo 146 del Reglamento Interno del TEPJF, que especifica claramente que el personal “por ningún motivo podrá sustraer físicamente, por medios electrónicos o por cualquier otro medio, los expedientes de los medios de impugnación de las instalaciones del Tribunal Electoral, salvo que existiera causa justificada para ello, respetando en todo momento el deber de confidencialidad a que obliguen la ley o este Reglamento.

“Tampoco podrá hacer del conocimiento de las partes o de cualquier otra persona el sentido de algún proyecto antes de que se resuelva el asunto respectivo. El Pleno de la Sala, cuando lo estime conveniente, podrá acordar la publicidad de algún proyecto de sentencia’’.

Es imposible creer que un especialista en derecho electoral, como lo es Vargas, desconociera la normativa.

¿Por qué lo hizo entonces?

La primera hipótesis es que se quiso vacunar, pues se le ha relacionado con un abogado cercano a Rafael Moreno Valle.

Publicando su posición en este tema habría dejado constancia de que no existen vínculos de ningún tipo con el grupo al que hasta ahora se le adjudica la victoria en las elecciones.

La otra teoría es que Vargas, sabiendo que el PAN y sus aliados políticos pueden recurrir el procedimiento –es decir, pedir que se deje la sentencia en firme por violaciones al proceso o por lo menos pedir al pleno que Vargas se excuse de participar en discusión y votación-, les puso el balón en la cancha nada más para que lo empujaran a la red.

Dicho en castellano, para que no se anule la elección.

Cualquiera que sean las razones de Vargas, lo cierto es que violó el reglamento interno, y con ello dejó abierta la posibilidad de que el PAN pueda ganar en el escritorio.
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El flamante director del IMSS, Germán Martínez Cázares, senador con licencia, se colgó, en sociedad con la también senadora Martha Lucía Micher, la medalla de haber logrado que el Senado aprobara modificaciones a las leyes del IMSS e ISSSTE con el fin de que las parejas homosexuales tuvieran acceso a los servicios y prestaciones de ambas instituciones.

Eso fue el 4 de septiembre pasado.

Pero… la ley aprobada es un auténtico fusil de una iniciativa similar que propusieron el 9 de noviembre de 2010 los entonces diputados federales Rubén Moreira, del PRI, y la perredista Enoé Uranga.

La iniciativa de Moreira y Uranga incluía el servicio de guarderías, cosa que se brincaron –o no copiaron- Martínez Cázares y Malú Micher, pero los diputados ya corrigieron la omisión y la minuta será devuelta al Senado para su aprobación.

Lo que queda claro es que el director del IMSS y su compañera de bancada por lo menos le deben el reconocimiento de la autoría a Moreira y Uranga.
No les digo…