Desde la campaña, el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador dirigió parte de su batería pesada a minar la imagen pública de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Como Presidente electo, los señalamientos en contra del máximo tribunal del país no cesaron; por el contrario, aumentaron debido al poder que adquirió Morena en el Congreso.

Desde ahí, diputados y senadores comenzaron lo que en medios y los propios magistrados- vieron como una embestida.

Dos razones tienen ahora los morenistas para justificar la reactivación de la campaña: la decisión de suspender la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos y la validación de la elección en Puebla. López Obrador criticó a la Corte por “no haber sido sensible’’ a su política de austeridad, y ayer dijo que el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre Puebla “es antidemocrático, pero lo respetaremos’’.

Desde que Ernesto Zedillo desapareció la Corte para crear una nueva que es la que estamos viendo-, no se había visto un pleito frontal entre los Poderes Ejecutivo y Judicial.

Los ministros no salen a responder los ataques ni del tabasqueño ni de sus alfiles en el Congreso, pero hay un evento, el próximo jueves, en donde seguramente escucharemos una respuesta formal a la campaña desatada en redes por los morenistas para crucificar a los magistrados fifís.

Se trata del Cuarto Informe de Labores del actual presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales, cuyo mensaje estará cargado de simbolismos.

La campaña de los morenistas en contra de las decisiones del Poder Judicial ni siquiera atiende las razones de los fallos, sino que se sustenta en su negativa con el fin de complacer los requerimientos del partido mayoritario para consolidar un programa político. Los detractores de la Corte ni siquiera se han puesto a analizar la razón de la suspensión de la Ley de Remuneraciones, la violación a la división de poderes; simplemente se convirtieron en enemigos del pueblo bueno por negarse a aceptar que desde Palacio Nacional se dice cuánto debe ganar cada servidor público, sin importar preparación, antigüedad, desempeño y otros indicadores que generalmente se toman en cuenta a la hora de asignar un salario.

El discurso reciente de AMLO no es distinto al de campaña; pero sigue polarizando a una sociedad de por sí dividida. Y eso a nadie conviene.

Nadie ha reparado en los efectos que tendrá –o tendría- en las pensiones de los servidores públicos, de cualquier nivel, la suspendida Ley de Remuneraciones. Reducir el sueldo reduce el monto de pensión y, en algunos casos, obligaría a ampliar el periodo activo del trabajador. Lo importante es que todos ganen menos, porque eso quiere el señor Presidente.

Ahora que oficialmente ya no queda ningún recurso legal para evitar que quede en calidad de candidato, ¿será que el presidente López Obrador designe a Miguel Barbosa como superdelegado en Puebla? El 70% de los superdelegados nombrados en el país son los candidatos a gobernador de Morena que perdieron sus elecciones –ahí está Delfina Gómez en el Estado de México y Carlos Lomelí en Jalisco, por ejemplo- y, como no se ve que Barbosa vaya a integrarse al gabinete, pues será la sombra de Martha Erika Alonso. ¡Ay, nanita!