Para los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, este día es simbólico por muchos motivos. Uno de ellos es la conmemoración de los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de lo que derivó todo un sistema de protección muy amplio que hoy en día coloca a la persona y su bienestar en el centro de la acción pública.

Otro, no menos importante, es el que estemos hoy aquí, los jueces constitucionales mexicanos, quienes tenemos la altísima misión de proteger los Derechos Humanos y de materializar la justicia federal, en ejercicio de un mandato de la Constitución que, construida por los grandes pensadores universales y los más connotados demócratas de nuestra historia, creó la División de Poderes para proteger a la República y a los gobernados de los excesos del poder y la arbitrariedad.

Hoy, como nunca antes en la historia de nuestro país, nos presentamos públicamente ante la sociedad para refrendar nuestro compromiso como juzgadores federales para defender la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación y hacer viva la protesta que rendimos al tomar posesión de nuestro cargo de guardar y hacer guardar a nuestra Constitución.

Se ha querido posicionar un falso discurso de que somos privilegiados y que vivimos del abuso del erario público, señalando cantidades excesivas, como que percibimos más de seiscientos mil pesos que no corresponden ni cercanamente a la realidad, para centralizar como foco de atención un mero asunto de salarios. Nada más falso.

Como juzgadores de carrera, formados tras años de servicio, capacitación constante y diversos concursos de oposición, designados por méritos propios, tenemos el compromiso y estamos obligados a cumplir y hacer cumplir la Constitución. A ello hemos entregado nuestras vidas y diariamente con nuestras resoluciones hacemos valer los derechos humanos de las personas contra actos arbitrarios de las autoridades, lo que suele no ser cómodo. Pero eso es la democracia constitucional.

En un auténtico régimen de División de Poderes, en una democracia fortalecida como la que permitió este cambio de rumbo, no caben los jueces dóciles o al servicio de nadie.

La irreductibilidad salarial no es un privilegio, sino solo una de las diversas garantías de independencia de la judicatura, reconocida no solo en la propia Constitución, sino también por las Convenciones y Tratados Internacionales que el Estado Mexicano no solo ha firmado sino ratificado y se ha comprometido a cumplirlos a cabalidad. Así como la inamovilidad y la certeza en las adscripciones, son también requisitos reconocidos internacionalmente para hacer efectiva esa independencia.

La independencia no es un manto de impunidad, es el derecho humano que cada mexicano tiene para que un juez federal lo defienda de los abusos de las autoridades. Porque no puede llamarse democrático un país en donde no haya contrapeso de Poderes.

El juzgador debe ser silencioso y prudente en su vida pública. Sin embargo, estamos hoy aquí, de manera inédita, refrendando nuestro compromiso con la Ley y la Constitución, ejerciendo nuestros derechos, todo dentro de los causes de la legalidad.

Como Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, hemos impulsado una muy amplia defensa que incluye la presentación de demandas de amparo en contra de lo que consideramos un conjunto de acciones sistemáticas e intentos legislativos que buscan la injerencia en la vida interna del Poder Judicial de la Federación, el cual ha sido dotado por la Constitución de mecanismos de autorregulación.

Estos intentos por condicionar a los juzgadores federales han sido presentados a la opinión pública como “ejercicios modernizadores”, que supuestamente harán más eficiente la impartición de justicia y permitirán ahorros para los ciudadanos, sin embargo, en el fondo esconden su verdadera intención: debilitar el sistema de frenos y contrapesos de nuestra democracia y vulnerar el Estado de Derecho.

Quienes lo hacen, no solo desconocen el funcionamiento de la judicatura, sino que olvidan que han sido precisamente las resoluciones judiciales las que han abierto la posibilidad de materializar parte de la agenda de Derechos Humanos del nuevo gobierno, lo que refleja el compromiso de los de juzgadores federales en la construcción de una sociedad mejor y más justa.

La impartición de justicia como servicio público es especialmente relevante en el contexto que vive nuestro país, ya que en democracia es el Poder Judicial el encargado de vigilar el respeto al Estado de Derecho. Está llamado a fungir como contrapeso frente a otras autoridades y asegurar que los derechos fundamentales de todos los mexicanos, en particular de las minorías, no sean violentados.

El riesgo de mantener campañas de desprestigio contra los juzgadores, haciéndolos pasar por oportunistas que solo buscan el beneficio personal, es el debilitamiento de la confianza ciudadana en sus propias instituciones.

Los juzgadores federales queremos recordar también que desempeñar un cargo de este tipo implica asumir diversos riesgos, que se han hecho cada vez más evidentes por los momentos que vive el país. Además de las presiones derivadas de los vaivenes políticos, también enfrentamos situaciones que ponen en riesgo nuestra seguridad y la de nuestras familias. Por eso actuamos con plena convicción en nuestra alta función de impartir justicia a nuestros semejantes. México es de todos.

Reiteramos que el componente salarial es solo una de la variables que conforman la independencia judicial, sin embrago, el conjunto de medidas legislativas que se han emprendido que incluyen rotación constante de juzgadores, la aplicación de controles de confianza y criterios de género y la designación de los consejeros de la judicatura por parte del Senado para controlar la administración y disciplina interna, se dirigen de manera frontal y sistemática a establecer mecanismos para facilitar la intromisión indebida en contra de la judicatura por parte los otros Poderes de la Unión, lo que es injustificable a la luz del principio de la división de poderes.

 

Lo que se requiere no es el enfrentamiento ni los señalamientos. Lo que proponemos, es el diálogo, la coordinación y el entendimiento entre Poderes dentro del marco de competencias exclusivas, autónomas e independientes creado por la Constitución para cada uno de los órganos del Poder Público. El pueblo merece y exige actuar dentro del Estado de Derecho.

Habremos de estar atentos a las resoluciones que dicte nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es nuestro Tribunal Constitucional.

El Generalísimo Morelos, dijo al pueblo: “Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario”.

gac