El subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, afirmó que con la nueva política migratoria se dejan atrás las prácticas de estigmatización, de discriminación y de criminalización.
En la presentación de esa nueva política, destacó que este plan se basa en los ejes rectores del respeto irrestricto a los derechos humanos; la no criminalización de los migrantes y el impulso del desarrollo económico y social en la región del sur-sureste del país y en naciones centroamericanas.
“Vamos a establecer una política de derechos en donde podamos cumplir con los acuerdos que hemos suscrito a nivel internacional para asumir la movilidad humana como un derecho y donde la migración debe cumplir con condiciones de seguridad, de regulación, para que esta sea una migración ordenada”, destacó.
Asimismo, comentó que los migrantes también tendrán que cumplir con las disposiciones legales en México y afirmó que se generará un nuevo paradigma en la política migratoria, fundada bajo el principio de respeto a la dignidad humana.
Además, esta política asumirá que las personas migrantes son sujetos plenos de derechos y como Estado mexicano se tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad y protección de las personas migrantes en el país, como también lo mandata la Constitución y los tratados internacionales firmados por México.
Encinas Rodríguez apuntó que con ello se deja atrás la visión sectorial para asumir una política de Estado integral y transversal entre todas las dependencias del gobierno federal en coordinación con los estados y los municipios, que tendrán responsabilidades distintas.
Detalló que los dos pilares en la implementación de esa política serán la Segob y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por sus funciones establecidas en la Constitución, pero participarán otras dependencias federales en temas como puertos, aeropuertos, aduanas, turismo, trabajo y previsión social, salud y bienestar social.
Indicó que se dará atención particular a las niñas, niños y adolescentes que transiten por el país para darles plenas garantías de seguridad y en su desarrollo.
Además, se contempla asumir que la nación mexicana es trasterritorial, donde la población mexicana no se circunscribe solamente a quienes residen dentro del territorio nacional, sino son todos aquellos ciudadanos mexicanos que viven en el exterior.
Por ello, se requiere una política que fortalezca los lazos de identidad, de cultura y de relaciones, y que garantice los derechos de todos los mexicanos más allá de Estados Unidos a cualquier otro lugar del mundo.
También se pretende rescatar los principios fundamentales de la política exterior de México, fundados en la relación bilateral, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos, pero fundamentalmente en la cooperación internacional para el desarrollo.
Esta política además señala que entender la realidad de la migración forzada que se vive en muchos países del continente americano implica enfrentar los problemas de pobreza y de violencia, que son los que favorecen fundamentalmente la migración de las personas de su país de origen.
Añadió que el convenio que alcanzó México con Estados Unidos para detonar el desarrollo económico y social en el sur y sureste del país, y en naciones centroamericanas, será un paradigma para enfrentar también el fenómeno migratorio.
“Lejos de alentar la discriminación y levantar muros, hay que levantar fuentes de empleo y dar garantías de seguridad a las personas para que la migración en el mundo sea una migración voluntaria y no forzada por la pobreza, la violencia y la desigualdad”, subrayó.
Encinas Rodríguez agregó que se realiza una intensa campaña antidiscriminatoria que tiene como objetivo principal recuperar ese valor de la cultura de acogida que tiene México, porque el asilo, el refugio, el trato respetuoso a las personas de otras nacionalidades debe también ser parte del reconocimiento de la pluriculturalidad de esta nación.
En su oportunidad, el director general del Instituto Nacional de Migración (INM), Tonatiuh Guillén, coincidió en que este plan de migración conduce a un nuevo paradigma de la política migratoria en México, pues se pasa de un escenario en el que dominaba la imagen de la contención migratoria y de la seguridad, a nuevos principios.
En esta administración se tiene plena conciencia de que la movilidad de las personas, sobre todo la que ahora está en la coyuntura nacional que es la centroamericana, es forzada por factores de desarrollo socioeconómico, e incluso de fragilidad institucional por parte de los Estados, puntualizó.
dpc