BRASILIA.- Una ola de vandalismo en el estado de Ceará, por la que hasta ayer fueron detenidas 103 personas, supone la primera prueba para las políticas de seguridad del nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien ha prometido una lucha sin cuartel contra el crimen.
Los ataques, en su mayoría incendiarios, comenzaron la noche del pasado miércoles y el viernes llevaron al ultraderechista Bolsonaro, capitán de la reserva del Ejército que asumió el poder este 1 de enero, a enviar hacia esa región del noreste del país a unos 300 agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad.
Las tropas federales han sido desplazadas sobre todo en la ciudad de Fortaleza, la capital regional y uno de los principales puntos de turismo en el noreste brasileño, que está en temporada alta.
Las autoridades sospechan que los atentados han sido ordenados desde el interior de las prisiones, que en Ceará como en buena parte del país están virtualmente controladas por bandas del crimen que disputan territorios para la venta de drogas u otros delitos.
Esa presunción responde a que los ataques comenzaron después de que el Gobierno regional anunció medidas que apuntan a endurecer los controles en los presidios y ponerle coto a las actividades ilegales que dirigen los jefes de esas bandas desde el interior de las cárceles.
Según la Policía Civil de Ceará, el número de detenidos en los últimos días llegó a 103 y los atentados, en su mayoría incendiarios y contra autobuses de transporte público y estacionamientos, sumaban 90 desde que comenzó la ola de violencia.
El gobernador de Ceará, Camilo Santana, ha asegurado que las autoridades no cederán en su lucha contra el crimen organizado.
“El momento, más que nunca, es de unión de todas las fuerzas, de los Gobiernos, el Poder Legislativo, la Justicia, el Ministerio Público y la sociedad civil, para ser duros contra el crimen”, dijo.
En ese sentido ya se había pronunciado esta semana el propio Bolsonaro, quien durante su campaña para las elecciones de octubre pasado tuvo entre sus principales banderas el endurecimiento del combate al crimen, que en el país causa unas 60 mil muertes por año.
LEG