Empleados de la CNBV organizan protesta
Un centenar de empleados de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se manifestaron para exigir el respeto de sus derechos, ante la sustitución de su seguro de gastos médicos mayores y la eliminación de su seguro de retiro individualizado.
Los trabajadores se postraron afuera de las oficinas de la CNBV, ubicadas en Plaza Inn, en Insurgentes Sur, para exigir el respeto a sus derechos adquiridos por más de 70 años, entre los que se encuentran la mantención de sus prestaciones.
Fue a través de una circular, como los empleados de la CNBV y de otras dependencias se enteraron de que gracias a los programas de austeridad implementados por el nuevo Gobierno, sus prestaciones se modificarían e incluso algunas de ellas dejarían de existir.
En el caso de los servicios subrogados de salud, como el seguro de gastos médicos, a los que tenían derecho los empleados de la CNBV, se les avisó que serían sustituidos por la prestación del servicio a través del ISSSTE.
Es por ello que se les notificó que a partir del 1 de enero, todo el personal, incluso los jubilados de la CNBV, se había incorporado al esquema de seguridad social del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Los inconformes que realizaron el paro de labores, fueron principalmente los trabajadores de base, así como directivos de confianza que protestaron por la cancelación del seguro médico y por el seguro de retiro individualizado, ambos contratados con la empresa Metlife.
Tras la manifestación, que provocó caos vial en las inmediaciones de las oficinas de la CNBV, el área de recursos humanos, dirigida por Ricardo Rodríguez, aceptó recibir a una comisión de trabajadores para conocer sus inquietudes y atender sus quejas.
Los empleados de la CNBV, área dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), no son los únicos que padecen el retiro de sus derechos adquiridos por décadas, sino que estas medidas de austeridad son aplicadas en todas las instancias públicas que pertenecen al Gobierno federal, impactando a millones de trabajadores.
Las medidas de austeridad de Andrés Manuel López Obrador también han incluido despidos masivos en las dependencias y la baja de salarios de algunos funcionarios públicos; situación que puede revertirse en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falle en contra de la Ley de Remuneraciones, reformada por los diputados.
Expertos recomiendan no renunciar y buscar amparo
Carlos Emiliano Ávila
Mtro. en derecho constitucional
El especialista aseguró que los funcionarios públicos pueden ampararse ante las medidas que se les están aplicando en las dependencias públicas, y que seguramente el fallo podría suceder a su favor.
Esto debido a que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada el 5 de Noviembre de 2018 y que determina los salarios máximos de los trabajadores, así como el establecimiento de sus prestaciones, no puede ser aplicada hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva el tema.
“En mi opinión, dicha Ley es contraria a la Constitución, porque claramente el artículo 127 señala que la remuneración de un trabajador, por el desempeño de sus funciones es irrenunciable; además de que el artículo Primero de la Constitución, señala se deben garantizar los derechos humanos de los trabajadores”, explicó en entrevista a 24 HORAS.
El experto agregó que los servidores públicos deben de argumentar al momento de su amparo, una violación a sus derechos adquiridos, pues aunque el Gobierno justificará que están dándoles “protección médica” a los trabajadores, ésta no es la que ellos habían mantenido en su trayectoria laboral.
Luis Javier Valencia
Mtro. en derecho
Quien fuera por cinco años el abogado laboral de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dejó claro que las medidas que están padeciendo los servidores públicos, bajo la promesa del Gobierno de una mayor austeridad, son una violación a sus derechos adquiridos, por lo que exhortó a que se amparen y no firmen su renuncia.
En entrevista con 24 HORAS, explicó que la mayoría de funcionarios de las diversas Secretarías de Estado, pertenecen al Servicio Público de Carrera, mecanismo que busca garantizar el desarrollo y permanencia de los servidores públicos de confianza en la Administración Pública; y que les exige el cumplimiento de cursos y exámenes anuales.
“Recomiendo a los funcionarios públicos del servicio profesional de carrera que no renuncien, pues tienen derechos que contempla la Ley y si firman su renuncia, ya no tendrán derecho a nada. Que no se dejen amenazar, que confíen, pues tan sólo el proceso de despido se podría tardar al menos dos años”, dijo.
Coincidió en que un amparo sería procedente, debido a que violan sus derechos adquiridos y recordó que si los despiden, los empleados pueden exigir una indemnización y el pago de sus prestaciones por los años de servicio.
LEG