La Unión Europea (UE) se sumó hoy al americano Grupo de Lima en su repudio a la investidura de Nicolás Maduro para un nuevo mandato como presidente de Venezuela, que apenas contará con presencia de mandatarios extranjeros.
“La UE y los Estados miembros no participarán en la sesión de investidura presidencial hoy”, destacó la portavoz de Exteriores del bloque europeo, Maja Kocijancic, en rueda de prensa.
“Hemos dejado muy claro que las elecciones presidenciales no fueron libres ni justas”, añadió, y recordó “todos los llamamientos de la comunidad internacional, incluyendo de la Unión Europea, para que haya nuevas elecciones en conformidad con los estándares internacionales”.
La UE, no obstante, mantendrá “su compromiso diplomático y político en apoyo de una solución política pacífica y democrática a la crisis en Venezuela, manteniendo abiertos los canales de comunicación con todos los socios relevantes”, puntualizó.
Maduro jura hoy su nuevo mandato acompañado sólo por cuatro jefes de Estado de países vecinos: el boliviano Evo Morales, el nicaragüense Daniel Ortega, el cubano Miguel Díaz-Canel y el salvadoreño Salvador Sánchez Cerén.
También acudirá a la ceremonia el vicepresidente de Turquía, Fuat Oktay, quien a su llegada a Caracas alabó el nivel alcanzado por las relaciones bilaterales tras la visita que Recep Tayyip Erdogan hizo a Venezuela en diciembre pasado, según la agencia turca Anadolu.
Otros países optaron por representantes de menor nivel, como Rusia, que envió al presidente del Senado, Ilías Umajánov.
La Cancillería venezolana ha confirmado también la presencia del primer ministro de San Cristóbal y Nieves, Timothy Harris, el viceprimer ministro de Bielorrusia, Igor Liashenko, el ministro chino de Agricultura, Han Changfu, el titular argelino de Energía, Mustafá Guitouni, y el ministro de Economía, Desarrollo, Petróleo, Comercio e Inversión de Belice, Erwin Contreras.
México, aunque sólo enviará a la investidura a un encargado de negocios, se desmarcó ayer del Grupo de Lima, cuyos otros trece países denunciaron, en una declaración, que el proceso electoral del 20 de mayo de 2018 en Venezuela “carece de legitimidad”.
Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía instaron a Maduro a no asumir la Presidencia.
El llamado Grupo de Lima se creó en agosto de 2018 ante la imposibilidad de aprobar resoluciones sobre Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA) por el bloqueo de los países caribeños.
“A partir del 10 enero, Maduro es el usurpador del poder en Venezuela, todas las democracias del mundo apoyan al pueblo venezolano y están desconociendo a Nicolás Maduro”, destacó ayer el opositor venezolano Julio Borges en un vídeo divulgado en redes sociales.
Expresidente del Parlamento de Venezuela (de mayoría opositora) y premio europeo Sájarov a la libertad de conciencia, Borges fue acusado del supuesto atentado contra Maduro de agosto de 2018 y recibió en octubre el estatuto de refugiado en Colombia.
Borges recalcó que el hecho de haber tenido una posición firme en la oposición es lo que ha permitido “la solidaridad el apoyo y el desconocimiento total de las democracias del mundo hacia un Nicolás Maduro que no solamente es dictador sino usurpador y jefe de un Estado que se ha convertido en un Estado criminal”.
El exiliado llamó a “poner toda la presión” dentro y fuera de Venezuela para “lograr la transición y el desenlace hacia la paz, la democracia y el progreso” en su país.
La Conferencia Episcopal Venezolana se sumó también a los que repudian el mandato que hoy jura Maduro.
“La pretensión de iniciar un nuevo período presidencial el 10 de enero de 2019 es ilegítima por su origen y abre una puerta al desconocimiento del Gobierno porque carece de sustento democrático en la justicia y en el derecho”, dijeron los obispos en su exhortación.
Venezuela vive “un régimen de facto, sin respeto a las garantías previstas en la Constitución”, en el que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) “es el único órgano del poder público con legitimidad para ejercer soberanamente sus competencias”.