Guatemala.- Presiones internacionales se han sumado a las manifestaciones en Guatemala contra el gobierno del presidente Jimmy Morales, por su decisión de poner fin al mandato de una misión de Naciones Unidas contra la impunidad, que generó una crisis institucional en el país.
La Unión Europea (UE) expresó su oposición a la decisión del gobierno de Morales contra las obligaciones legales hacia Naciones Unidas (ONU), así como por la decisión de los tribunales de justicia de retirar la inmunidad de tres jueces de la Corte de Constitucionalidad por sus fallos en contra del mandatario.
El lunes pasado, Morales decidió, de manera unilateral, la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de la ONU, que investiga al mandatario por presunta corrupción.
Esa decisión, que generó el rechazo de los guatemaltecos, fue anulada por la Corte de Constitucionalidad, lo que llevó a que tres de sus jueces fueran acusados de extralimitarse en sus funciones y violar la Carta Magna del país, lo que ocasionó una crisis institucional.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Naciones Unidas, y el Grupo de Donantes de Guatemala (G13) han exigido a Morales mantener a la CICIG en el país centroamericano hasta que concluya su mandato en septiembre próximo.
La comisión, creada en 2007 a petición de Guatemala, es un organismo internacional dependiente de Naciones Unidas, que tiene como objetivo apoyar y fortalecer a las instituciones del Estado de Guatemala encargadas de la investigación y persecución penal de los delitos de corrupción.
Mientras que organizaciones civiles y artisticas realizaron este sábado una caminata pacífica en las calles de la capital guatemalteca en repudio de las acciones del gobierno de Morales que buscan pasar por encima del orden constitucional.
“Vamos a demostrar el rechazo a los 10 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes de manera arbitraria dieron trámite a ese antejuicio y ellos mismos saben que no se puede percibir a los jueces (de la Corte de Constitucionalidad) por sus resoluciones”, dijo.
Por su parte, la Comisión Arquidiocesana de Pastoral Social señaló en comunicado que acudieron a la manifestación ante el camino que ha tomado el país, y porque se busca denunciar al pacto de corruptos y apoyar el regreso al respeto de la institucionalidad democrática.
El Movimiento Pro Justicia en Guatemala señaló, por su parte, que el problema es que la decisión de Morales contra la CICIG es una amenaza para deteriorar el frágil estado de derecho en el país, pues ahora se buscan disminuir las capacidades del Ministerio Público y de la Corte de Constitucionalidad.
Organizaciones campesinas, sociales y sindicales han anunciado para el próximo lunes una serie de bloqueos y movilizaciones en diversos puntos de Guatemala para protestar por lo que consideraron acciones “ilegales e inconstitucionales” del gobierno.
fahl