Madrid. El Gobierno de los Estados Unidos está enfocado en atacar la red financiera de Los Zetas en los aquel país, mientras en México las autoridades tratan de resolver los asesinatos que van dejando a lo largo del territorio nacional, cuando deberían de estar investigando el apoyo logístico que necesitan para introducir cocaína, metanfetaminas y migrantes. Esto sería parte de una estrategia conjunta para debilitar los ingresos de Los Zetas y mermar su capacidad de fuego y operación. Sin embargo, el gobierno mexicano se ha dedicado a realizar cateos de las propiedades de Francisco Colorado, sin una búsqueda clara, ya que lo encontrado en esos predios no podrá ser usado en los Estados Unidos como prueba ante un eventual juicio. El actuar de las autoridades mexicanas otra vez se ve con un tinte mediático y sin dirección ni intención de desarticular el negocio del crimen organizado.
El lavado de dinero es una actividad de suma importancia para el crimen organizado, sólo así puede convertir sus ganancias en activos que le generen fuentes de ingreso licitas. Uno de los sectores preferidos para lavar dinero es la construcción. Esto se debe a que debido a la abundancia de mano de obra necesaria y la facilidad para subcontratar trabajos en una construcción, muchos de los pagos se pueden hacer en efectivo y el pago al contratista queda intacto. En Nueva York, los contratistas corrompían a las autoridades para que los permisos de obra solo fuera posibles obtenerlos si se realizaba la obra con un grupo selecto de compañías que pertenecían a la mafia italiana.
En México, los proyectos de infraestructura más grandes son llevados a cabo por los gobiernos. Además, el Estado es un cliente frecuente de la industria de la construcción y solamente existe un padrón de empresas sancionadas por haber cometido omisiones en contrataciones pasadas. Esta laxitud permite que los criminales se vuelvan proveedores del Estado mexicano y este sea un instrumento para facilitar el lavado de dinero.
Excelsior reportó cómo la empresa ADT Petroservicios, propiedad de Francisco Colorado, obtuvo diversos contratos de construcción en Pemex; en el IMSS, familiares de Ismael El Mayo Zambada operan guarderías en el estado de Sinaloa; los empleados de dos oficinas gubernamentales reciben 20% de descuento en la Cantina La Uno, la cual está boletinada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos hace más de dos años, y así hay una lista de ejemplos donde ya no sólo es la falta de investigación de lavado de dinero, sino la complicidad del Gobierno Mexicano en los tres niveles para ayudar en este delito al crimen organizado.
Hace cuatro días, el banquero Allen Stanford, recibió una condena de 110 años de prisión por fraude y lavado de dinero, los detalles del caso no serán públicos hasta que se termine el proceso judicial de los coacusados. Este banco con sede en Antigua fue utilizado para lavar dinero de los cárteles del Golfo y varios miembros de Los Zetas, así como de políticos, empresarios y líderes sindicales mexicanos. El señor Allen Stanford, prefirió no colaborar con las autoridades después de un fuerte “accidente” que tuvo en la prisión; sin embargo, la captura de Francisco Colorado será una pieza clave para cerrar la historia del caso Stanford que apenas está por comenzar.
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