El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, claramente quiere hacer su voluntad y muchas de sus políticas han llevado al mundo entero a un estado de estrés nunca antes visto.

Pero el republicano tiene un enorme dique legal que le impide hacer lo que se le da la gana. Sin embargo, se las arregla.

Ya castigó a sus principales socios comerciales con una vieja ley de la Guerra Fría para aplicar aranceles al acero y al aluminio invocando la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial.

El cierre del Gobierno durante ya más de un mes es otro mecanismo de presión para doblar a la mayoría opositora en el Congreso y conseguir recursos para los ladrillos de su obsesión. Prefiere los daños profundos de la parálisis a renunciar a su muro fronterizo.

Trump no engañó a nadie, siempre ha mostrado que tiene esa percepción de superioridad sobre los demás y así fue electo.

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador podrá tener menos alcances de una afectación mundial, pero tiene mucho más margen de maniobra que su homólogo del Norte.

Los errores de la mala gestión de los combustibles, que han provocado una crisis de abasto de gasolinas que se mantiene, son obviados por una amplia base que mantiene un apoyo incondicional.

Hay una convicción ideológica de que ellos, el Presidente y todo su equipo, no son iguales. No son corruptos y, por lo tanto, requieren una manga ancha para actuar de acuerdo a su visión.

En medio de la crisis por el desabasto de combustibles y la guerra contra el robo en los ductos de Pemex, el Presidente ordenó a determinados funcionarios de su gobierno, que no tenían en su organigrama la compra de esos bienes, viajar a Estados Unidos a comprar 571 pipas-tanque a un costo de mil 600 millones de pesos, sin licitación alguna.

Este ejercicio es ya un lugar común y se reduce a esta pregunta: ¿qué hubiera dicho López Obrador si Enrique Peña Nieto, argumentando un asunto de urgencia y seguridad, manda a un funcionario no calificado a gastarse mil 600 millones de pesos en camiones a Estados Unidos sin transparencia alguna?

El problema es que el actual Gobierno está convencido de que eso de la claridad no tiene por qué aplicar para ellos. Porque ellos no tienen problemas de conciencia. Porque ellos no son iguales.

Ciertamente, no hay un solo indicio, ni sospecha, de que esta compra directa de contenedores móviles de combustible pudiera tener alguna irregularidad en la operación. Pero se trata de un asunto de institucionalidad.

Un país democrático, de instituciones, debe tener controles en el manejo presupuestal y así haya cualquier sensación de superioridad moral, es indispensable la transparencia.

Porque no se trata sólo de estas 600 pipas tan urgentes; se trata de una primera muestra concreta de cómo un Gobierno que asegura no tener problemas de conciencia puede saltarse a las instituciones. Eso es muy peligroso.

LEG