Segunda parte –
* Por Rufino H. León Tovar
El Gobierno actual está buscando los mecanismos para atender la movilidad en las metrópolis, en las ciudades medianas y en las comunidades, pero sobre todo para resolver la problemática de la movilidad de millones de personas que en las poblaciones alejadas se transportan en condiciones de incomodidad e inseguridad y, a veces, en forma indecorosa. Con la gran experiencia de gobernar la Ciudad de México, el Presidente de la República tiene clara la visión para establecer una política nacional que, sin violentar la soberanía ni la autonomía de las entidades federativas y los municipios, ofrezca soluciones integrales para mejorar la forma en que la gente se traslada cotidianamente.
La conformación de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad constituye un esfuerzo importante e inédito de las autoridades de México, con el objetivo de conjuntar esfuerzos, compartir experiencias e impulsar una mejor movilidad de nuestras entidades y municipios. Para lograr este gran reto es imprescindible una coordinación permanente de las autoridades de movilidad y transporte a nivel nacional, así como la interacción con el sector, autoridades internacionales, especialistas, órganos autónomos, instituciones académicas, organismos no gubernamentales, empresas, cámaras y sociedad civil.
En el Doceavo Encuentro Nacional de Autoridades de Movilidad, realizado los días 24 y 25 de enero en Durango, se logró la integración de 26 entidades y al menos cinco municipios que tienen facultades en la materia. Sin embargo, la integración del nuevo Gobierno Nacional ha propiciado también una reconfiguración de las autoridades en los estados y, consecuentemente, hacia al interior de la Asociación se han renovado la mayoría de quienes al inicio la conformamos.
La AMAM está en un momento coyuntural para su consolidación, pero también está en un momento muy peligroso en cuanto a la definición de la línea política ante el Gobierno federal. Esta importante Asociación deberá decidir en breve: 1) si se erige como el órgano rector, plural y especializado de la movilidad de la mano de la administración actual; 2) si permite que dirija su destino algún organismo internacional para cumplir sus propios objetivos, a veces mayormente alineados al contexto internacional y con intereses difusos o 3) si se subsume a la posición de confronta que, se vislumbra, asumirán algunos de sus miembros, cuyos gobernadores en la ruta de 2024 están confrontando al presidente López Obrador.
La AMAM es una agrupación de autoridades, y como tal, sus decisiones deben tomarlas libremente estas autoridades, sin presiones ni direccionamiento, ya que sus determinaciones influirán tanto en su territorio como en sus gobernantes.
El próximo presidente de la AMAM debe ser en principio un conocedor de la materia, debe ser un hombre o mujer que tenga la capacidad de conciliar los intereses de autoridades de movilidad emanadas de la derecha, del centro, de la ultraderecha y de una izquierda totalmente empoderada en nuestra nación, con un Presidente no sólo legitimado en las urnas, sino ante gran parte de la sociedad que aplaude todos los días sus acciones, pero, sobre todo, quien la dirija debe ser una autoridad estatal que sin sesgos ni intereses personales o políticos cumpla los objetivos que desde un principio nos motivaron para su creación.
Por mi trabajo tanto en su gobierno como en su proyecto político, categóricamente puedo afirmar que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene claro que un peso invertido en la movilidad y el transporte público significa un peso invertido en educación, desarrollo económico, recreación, desarrollo social y urbano, salud pública, turismo, ecología, conectividad, disminución del tránsito vehicular y mejor calidad de vida.
La AMAM tiene la gran oportunidad de lograr junto con el Gobierno de la República un plan de movilidad con el cual hagamos comunidades para la gente y en donde el centro de toda la política pública sean las personas, y no los vehículos, a fin de que en igualdad de oportunidades, podamos todos acceder a los servicios y beneficios que el Estado otorga, propiciando una movilidad más humana, incluyente y equitativa, que repercuta en una mejor experiencia de viaje, independientemente de la forma en que nos traslademos.
* El autor es experto en movilidad.