Es un misterio cómo resolverá esta administración sexenal los retos que se planteaba en septiembre de 2016 el Poder Ejecutivo federal después de escuchar a sus homólogos de los estados: el Certificado Único Policial (CUP) sería una manera de verificar la homologación de las capacidades de los representantes del Estado con quienes tiene contacto la población todos los días.

A principios de este año, 50% de los policías preventivos del país carece de las capacidades básicas para prestar su servicio, es decir, no tiene el CUP.
Aun cuando aquel CUP sigue vigente, sin que se aclare cómo dará resultado en tanto valoración objetiva y útil entre los componentes para elevar los índices de seguridad en todo el país, no ha sido precisado el cronograma de acciones que generará la Policía para responder al reto frente a la autoridad y en correspondencia con lo que reclama la ciudadanía.

La sociedad requiere una mejor Policía en un esquema claramente alineado con la recuperación plena del Estado de Derecho para desahogar las labores de previsión y contención y derrotar a la impunidad todavía prevaleciente.

Pese a la enorme inversión y, al mismo tiempo, a causa del tiradero de dinero en que resultó la simulación y el robo encubierto en muchos cursos y respaldos a los estados para adecuar o crear capacidades en el policía -ese famoso “primer respondiente” del Sistema Penal Acusatorio presuntamente al cien por ciento en vigor desde el año 2016-, la enorme mayoría de los elementos todavía no cuenta con las capacidades básicas, formativas y operativas para desempeñar su labor.

Para el próximo Día de la Independencia, según el acuerdo aún vigente, la totalidad de los policías estatales debería contar con el CUP. Todavía no se precisa cómo ocurrirá ese objetivo.

Frente a lo que no es posible lograr con el estado de la cuestión en las Policías, y en contraste con ello, destaca la acción cotidiana de los oficiales auxiliares, preventivos o del Sistema Bancario e Industrial de cada estado y capital.

Aun en ese retador contexto siguen generándose acciones de valor policial, responsabilidad, honradez, disposición de servicio y entusiasmo cívico, que parecerían imposibles de existir si nos atuviéramos únicamente a los prejuicios que la maledicencia del servicio público suele poner en primer lugar al momento de iniciar un comentario sobre la calidad de la Policía.

Este lunes, por ejemplo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acompañada por el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, darán entrega al primer reconocimiento mensual a la Policía, consistente en un premio de 50 mil pesos, una cantidad simbólica y relevante.

Al propósito obvio de conceder atención y mérito a la labor de quienes arriesgan su vida para protegernos, se añade el hecho de que por primera vez los premiados son resultado de autoproposiciones más que sugerencias -muchas veces justas- que normalmente presentaban los jefes policiales.

La ceremonia se realizará frente a tres mil 500 nuevos elementos de los cuerpos policiales que se añadirán a la estructura de vigilancia de la ciudad en la nueva estrategia de seguridad. Honor a quien honor merece.

@guerrerochipres