La reducción de privilegios como parte del programa de austeridad instrumentado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha hecho eco de una exigencia de los mexicanos.
Pero cuando en aras de la austeridad y de combatir la corrupción se lastiman programas sociales importantes como el apoyo a las estancias infantiles, la reducción de recursos no representa un ahorro, y mucho menos se trata de política pública.
¿Pues no que con los niños no?
En el presupuesto de 2018, a las estancias infantiles, se les asignaron 4 mil millones de pesos, en beneficio de casi 400 mil niños de entre cero y cuatro años de edad.
Para este año, a estos centros de cuidado infantil sólo se les asignaron 2 mil millones de pesos, es decir, la mitad de lo que recibieron el año pasado.
Por otro lado, la nueva política señala que ahora se les dará directamente a los padres de familia la cantidad de
mil 600 pesos bimestrales; para que ellos decidan quién debe cuidar a sus hijos, incluso, pagarle a los abuelitos, como sugirió el Secretario de Hacienda.
Ante las manifestaciones de madres de familia en Palacio Nacional y las protestas de la oposición en el Congreso, el Gobierno Federal salió al paso en las respuestas, y fueron tales las ocurrencias señaladas, que parecía improvisación y no estrategia, pues hasta el momento, no están publicadas las nuevas reglas de operación.
Si nos ceñimos a la explicación de que algunas guarderías tenían vicios de corrupción, entonces ¿no era más barato y afectaba menos hacer una auditoría?
La improvisación en la toma de decisiones genera más pérdidas que ganancias en el inicio del nuevo régimen, y de nada servirá acabar con privilegios de la alta burocracia cuando, ante la falta de políticas públicas, se recortan programas sociales en agravio de los más necesitados.
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Y en pregunta sin ofensa:
¿Basta la denuncia presentada por López Obrador ante los Derechos Humanos para quitar el bloqueo de la CNTE a las vías del tren, o por qué no denunciarlos ante la Fiscalía General?
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