Basta con formar parte de un órgano autónomo, expresar un comentario que no agrade al Presidente de la República y que éste tenga eco mediático. Que nadie ose contradecir al máximo líder porque la respuesta es inmediata, y ésta se puede armar con los instrumentos más poderosos del Estado. Es cuestión de analizar lo sucedido estos días en la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Todo comenzó cuando el titular de este órgano regulador en materia energética, Guillermo García Alcocer, expresó su opinión sobre el perfil de las cuatro ternas enviadas por López Obrador para ocupar las vacantes en dicha comisión. “Veo un desbalance en términos de hidrocarburos y electricidad; se ven muy cargados los perfiles hacia los hidrocarburos. Prácticamente no identificamos expertos en electricidad, y creo que eso es algo que se necesita mucho para las complejidades del mercado”, dijo en una entrevista concedida al periódico El Financiero.

¿Cómo se le ocurre a García Alcocer ejercer su autonomía y expresar su preocupación por el buen desempeño del ente que preside? Al “rebelde”, todo el peso del Estado. Como consecuencia de esta insurrección, se han abierto investigaciones en su contra dentro de la Secretaría de la Función Pública y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda. Los señalamientos tendrían como origen su propia declaración de posible conflicto de interés, en la que el funcionario transparentó y explicó públicamente que este supuesto no aplica en su caso.

Como una señal de que la cuarta transformación no pretende acabar con las prácticas que denunció cuando era oposición, hoy la UIF investiga a ocho empresas en las que laboran familiares del presidente de la CRE. La sospecha pesa en una de estas firmas, ya que a la autoridad hacendaria le parece poco usual que se declaren bajos rendimientos, como si esto fuera un delito. Además, el fantasma del lavado de dinero ha sido introducido en las indagatorias. El motivo es que un cuñado de García Alcocer ha realizado más de 10 viajes a El Salvador y Guatemala en los últimos meses, también como si esto fuera motivo para hacer conjeturas.

Nunca antes el órgano de inteligencia financiera del Estado mexicano había revelado el contenido de una indagatoria ni había dado a conocer los nombres de los investigados. Esto representa, sin duda, una violación al principio de confidencialidad que debe imperar en el actuar de la UIF. Sin haber notificado al principal interesado, el caso fue revelado a la opinión pública en la conferencia mañanera de López Obrador.

Hoy la preocupación va más allá del ámbito interno. A las oficinas de la CRE han llegado varias muestras de solidaridad y de inquietud por lo sucedido, provenientes de empresas extranjeras que hoy invierten grandes sumas en nuestro país. Además de ser necesarios como contrapesos de los Gobiernos en turno, los órganos reguladores son una de las máximas garantías que tienen los capitales privados. Los autónomos se han sumado a la lista de enemigos de la nueva administración, que a menos de tres meses de haber llegado al poder, no deja de engrosar.

Segundo tercio. De hasta 500 mil millones de dólares podría ser el impacto económico si el gobierno de Donald Trump aplica aranceles a vehículos y autopartes de todo el mundo, México incluido.

Tercer tercio. Las huelgas en 20 empresas en Matamoros han dejado como saldo más de mil trabajadores desempleados. Lo que sigue es el cierre de plantas y la salida de firmas de nuestro país. Las mesas de negociación no han arrojado, hasta el momento, resultados positivos.