Para quien guste de descifrar el fondo de las cosas, el reciente anuncio de la agencia Standard & Poor’s sobre la perspectiva de calificación de largo plazo de México representa una útil herramienta para vislumbrar las consecuencias que tendrán las primeras decisiones económicas de este Gobierno.

La noticia cayó la tarde del viernes pasado. La agencia con sede en Nueva York rebajó la perspectiva de calificación de largo plazo de nuestro país en escala global de estable a negativa. Las expectativas de un menor crecimiento económico, confirmadas por el grueso de los analistas internacionales, así como la decisión del presidente López Obrador de reducir la participación privada en el sector energético han generado desconfianza en los mercados.

Acabar con la reforma energética impulsada bajo la administración de Enrique Peña Nieto no estará exento de impactos negativos. Standard & Poor’s considera que los esfuerzos por reducir la carga fiscal de Petróleos Mexicanos no han sido suficientes y que los recursos que el Gobierno destinará este año a la empresa productiva del Estado reflejan la codependencia que existe entre ambas entidades.

Sin embargo, la preocupación va más allá. Una menor inversión en el sector privado generará, sin duda, una reducción del crecimiento del PIB, contribuirá a un deterioro fiscal y, por ende, podría provocar una indeseable incertidumbre en los mercados. Este panorama sería, así lo confirma la agencia, motivo suficiente para reducir la calificación de México.

Si las cosas no pintaban bien este fin de semana, Standard & Poor’s agregó un nuevo elemento inquietante. Con la decisión de pasar de estable a negativa la calificación de deuda emitida por varias de las empresas y entidades financieras del país, colocándola en el mismo nivel que los pasivos del Gobierno mexicano, se genera un mal ambiente entre los inversionistas que podría tener como consecuencia una salida de capitales.

La decisión no es menor, ya que afecta a la Comisión Federal de Electricidad, 77 instituciones financieras, dos empresas de infraestructura carretera, tres empresas privadas de consumo y siete aseguradoras. Entre ellas, se ubican América Móvil, de Carlos Slim, Coca-Cola FEMSA y Liverpool.

Los asesores del Presidente, en el remoto caso de que tengan alguna influencia en el primer mandatario, deberían señalarle que ningún país puede sustraerse a la lógica de los mercados. No hay dogma que los rebase. La realidad siempre nos alcanza.

Segundo tercio. Que le digan al Presidente que las calificadoras no castigan al país; lo evalúan. Es precisamente el resultado de sus primeras decisiones las que están sujetas a escrutinio.

Tercer tercio. Dice López Obrador que le toca pagar los platos rotos por las malas decisiones del pasado. Siempre el pasado. No vaya a ser él quien rompa la vajilla entera.

LEG